Mal de muchos, privilegio de abusadores

En estos días un tsunami de denuncias de delitos sexuales contra la infancia y de abusos de poder se desparrama sobre la Iglesia Católica. Desde el grupo de sobrevivientes del ya conocido caso Maristas, nos preguntamos si esta batahola podría beneficiar a la prestigiosa congregación educativa de la que nuestros abusadores fueron y son parte, ayudarlos a “pasar colados”, siendo esta causa la que hoy ostenta la horrorosa pole position de religiosos denunciados y testimonios en fiscalía. 

La misma pregunta aplica a cualquier parroquia, congregación y obispado en territorio chileno, donde el “sálvese quien pueda” no es más que una estrategia de la conducción de la institución. Las acusaciones del ex presbítero Jaime Da Fonseca contra el ex obispo Gonzalo Duarte constituyen un perfecto ejemplo.

¿Desesperación?

¿Embarrar la cancha?

¿La Iglesia Católica juega sus cartas para evadir (otra vez) a la justicia? 

El cardenal Ezzati es citado por Fiscalía. Acto seguido, cae enfermo y lo encontramos en una clínica. El caso Maristas ya cuenta con la oportuna muerte de una de sus máximas autoridades, quien confesó ante la prensa el encubrimiento sistemático de la congregación de los delitos de abuso sexual a menores. Mariano Varona se fue a la tumba sin pagar por sus crímenes. 

La dilación de la entrega de información es una estrategia común en la Iglesia Católica que favorece a los delincuentes que apelan a la prescripción como puerta de escape si fiscales y tribunales se distraen de sus funciones. Estrategia tan habitual a lo largo del tiempo como exitosa, como otras herramientas de libre disponibilidad para sujetos como Karadima: contactos políticos, medios de comunicación afines, empresarios de alto perfil y consultoras de imagen. 

Otras facetas del encubrimiento sistemático han sido el derecho canónico y los pedidos de perdón. Ganar tiempo y evitar la prisión es su resultado concreto.

En el año 2014, Naciones Unidas exhortó al Vaticano al respecto, de forma enérgica y urgente, buscando detener la política sistemática de tortura que la Iglesia Católica practica en todos los países donde opera. Aquí seguimos. El Papa Francisco simplemente dejó de contestarle a la ONU. 

Este panorama dificulta pensar que Bergoglio estaba mal informado sobre Chile. Y que continúa desinformado al felicitar los anuncios vacíos de la Conferencia Episcopal tras su conciliábulo de Punta de Tralca. O que cada congregación y obispado corre su propia suerte cuando lo que está en juego es la pérdida de poder social y político que por años impusieron al país. No me lo creo. No nos lo creemos. 

Temo que nuestra sociedad vuelva a naturalizar el horror. Que este “mal de muchos” nos haga olvidar que debemos exigir justicia ante cada nueva denuncia.

Apenas empiezan a conocerse casos en regiones, delitos difíciles de visibilizar por la distancia con Santiago, por la vulnerabilidad social de sus protagonistas, por la impunidad del “cura del pueblo”, autoridad sagrada, protegida por alianzas locales o regionales que ostenta impunemente y que aún cuesta romper a la hora de develar los abusos. 

Los sobrevivientes que contamos con la vitrina mediática para exponer estos crímenes somos responsables de luchar por los que todavía no son escuchados por la sociedad.

Pero es esto deber, primero y principal, de las instituciones vinculadas a la justicia, medios de comunicación y demás actores sociales.

A ellos apelamos hoy, a que no permitan que nos acostumbremos, a que este “mal de muchos” no se convierta en un nuevo privilegio para los abusadores.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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