Desde 1990 hasta hoy, más de 30 proyectos de ley que atañen a Notarios, Conservadores y Archiveros han sido presentados al Congreso tanto por el Ejecutivo como por los propios parlamentarios, con el propósito de reformar el sistema registral chileno, sin convertirse en ley ninguno de ellos.
Estos proyectos han versado sobre múltiples materias vinculadas a la labor que ellos realizan, como la modificación al régimen de nombramiento, fortalecimiento de la fiscalización, cobros excesivos, publicación de aranceles, elevación de exigencias de control como ministros de fe y fusión de cargos, entre otros. Iniciativas que, en su mayoría, ni siquiera superaron el primer trámite constitucional, y duermen en el Congreso.
Ya sea por el lobby de los propios Notarios o Conservadores, o por falta de prioridad en la discusión parlamentaria, el cada vez más necesario cambio al sistema registral, no se ha materializado.
Las críticas ciudadanas respecto al sistema son justificadas, y apuntan principalmente a la opacidad en las designaciones, a los altos precios que se cobran por algunos trámites, a las diferencias de valor que se encuentran por idénticas gestiones en distintas notarías, y en general, a la falta de transparencia en la labor que desarrollan, lo que hace que el sistema, en los términos en que está concebido, tenga probablemente sus días contados.
En este escenario, el ministerio de Justicia y DD.HH, con determinación y liderazgo, decidió atacar el problema de concentración para aumentar la competencia, creando 101 nuevos cargos. Se busca acercar el servicio a la ciudadanía, sobre todo en comunas modestas, alejadas o con problemas de conectividad, donde la gente debe recorrer largas distancias y perder días completos para hacer un trámite notarial.
Es importante aclarar que la creación de estas nuevas Notarias, Conservadores y Archiveros, es fruto de la obligada consulta que por ley el ministerio de Justicia y DD.HH. debe realizar a cada una de las Cortes de Apelaciones del país, sumado a análisis técnicos de población, distancias y conectividad, y a criterios geo políticos, como en el caso de Puerto Williams en Cabo de Hornos, estudio que nos llevó a tomar la determinación de establecer 62 nuevas notarías, 5 nuevos conservadores y 20 oficios mixtos.
Con esto pretendemos mejorar la calidad del servicio y disminuir los precios, introduciendo competencia en un rubro en extremo concentrado sobre todo en comunas donde existe mayor actividad comercial, pero que se encuentra totalmente ausente en algunos territorios con gran cantidad de población, como es el caso de comunas como Cerro Navia, Independencia, Lo Prado y La Pintana, por nombrar algunas.
Si bien estamos conscientes de que el funcionamiento del sistema registral en cuanto sistema, está fuertemente cuestionamiento por la ciudadanía, y que se requiere de una urgente modificación que pasa por reformas legislativas, no es menos cierto que nuestro deber como autoridad es hacer uso de todas las facultades que nos franquea la ley para mejorar la calidad y cobertura.
En ese entendido, hemos actuado con premura, pues una reforma de mayor magnitud significaba seguir esperando años, con el consiguiente perjuicio a la ciudadanía, sobre todo a los más humildes de nuestro país.
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