Por un largo minuto de silencio

Los seres humanos y la sociedad que los integra hemos sido enfrentados, hoy, ante un nuevo pero ya editado drama , a la sombra de un Estado que ha perdido la razón, y ha desperdiciado la ocasión de honrar a sus creyentes súbditos con el deber de custodia de todos sus derechos del  que son acreedores, por su condición de humanos y de ciudadanos contribuyentes-contratantes de un pacto social que obliga a “dar para que des”.

No hay gratuidades en éste compromiso, el ciudadano está obligado a ceñirse al cumplimiento de determinadas obligaciones, varias (o muchas) de ellas pecuniarias, y el Estado a cumplir con sus deberes elementales.

Ante la tragedia que nuevamente nos enluta y nos conmueve, la comunidad le reclama a éste Estado una definitiva explicación.

Y no se trata de  condenar a gobiernos ni a gobernantes sino a un sistema que es en definitiva,  el que ha secuestrado a nuestro Estado.

Un sistema para el cual, los más esenciales valores de la humanidad, de la sociedad y de la convivencia se han convertido en pueriles si es que no en bienes desechables, elasticando y burocratizando el deber de protección que tales derechos reclaman, y relegando al Estado a la condición de incapaz.

…Porque, cuando la población nacional, profundamente conmovida ante un crimen cruel, insensato, ejecutado por un delincuente al que, a pesar de su irredento perfil de animalidad, los agentes de éste Estado le concedieron el privilegio de la libertad (sin embargo de no haber cumplido la debida condena, sancionada en nombre de la sociedad y no de la justicia ni de la Gendarmería)…

Porque no obstante las advertencias del peligro inmanente que éste sujeto le implicaba a sus vecinos,  un trágico final era como un anticipo previamente anunciado...

Porque en ninguna magistratura judicial racional podría haber cabido entregarle la custodia de un menor a una mujer que convivía con tal delincuente…

…Porque la justicia parece haber determinado a sus ejecutores a convertirse y  actuar como “jueces de papel”, esclavos de la letra de la ley e impedidos de razonar por edicto de sus Superiores, copiar y pegar sobreseimientos o penas con cumplimiento domiciliario… y que sin embargo, y en seguida, esos mismos Superiores deben revocarle sus sentencias…

…Porque resulta insensato que continúen excusando tales estropicios de autoridad en “faltas de ley” porque es el mejor modo de declararse interdictos para razonar…

Porque, cuando los encargados del orden y de la protección ciudadana se perfilan como  insuficientes o incapaces de enfrentar a la delincuencia común o al imperio de los traficantes y cuando tampoco la justicia ni la autoridad pública tienen la capacidad para condenar con la expulsión del país a sicarios y a las bandas de peligrosos delincuentes que se han aprovechado de las facilidades de inmigración que indiscriminadamente les proporciona el país,y que cuando se les llega a condenar son recluídos con cargo a todos los contribuyentes nacionales…

Porque cuando todavía se proclaman los principios y derechos a la “rehabilitación” pero al mismo tiempo se mantiene un sistema carcelario que es, precisamente, lo contrario de una escuela para la rehabilitación…

Y en fin, cuando éste horroroso crimen que mata a una niña que a pesar de  las penurias que debió afrontar(como tantas y tantas niñas y niños anónimos pero vivos en sus tragedias) estaba mirando la vida por encima de los ojos de su miseria…

Entonces, culpo a un Estado que no ha cumplido con el compromiso social que le corresponde y tendrá que responder ante sus súbditos y ante quienes lo enjuicen.

Por ahora, vivamos momentos de conmiseración por una muerte injusta y previsible.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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