Protección a la infancia, un antes y un después
A la hora de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes vinculados a delitos graves, no hay dos opiniones. Por esta razón, como gobierno impulsamos desde un primer momento el proyecto presentado por la anterior administración, que establecía un sistema de entrevistas videograbadas, y que con satisfacción promulgamos durante esta semana.
Para cualquier persona - y particularmente para un menor de edad -, ser víctima de un delito como un abuso sexual o violación, es suficientemente traumático como para obligar a revivirlo una y otra vez.
La multiplicidad de declaraciones tomadas por sucesivos actores durante el proceso, puede ser tanto o más complejo que el hecho mismo.
Por consiguiente, mitigar la revictimización con medidas concretas, es a lo que se aboca esta ley. Con esta nueva normativa los niños, niñas y adolescentes víctimas, al momento de prestar declaración en la etapa investigativa y en la declaración judicial, sólo tendrán contacto con personas especialmente capacitadas y certificadas, en espacios acondicionados, sin contacto con los intervinientes, y con garantías de su privacidad.
La ley contempla medidas de protección adicionales para proteger la integridad física de las víctimas, como prohibir al presunto agresor acercarse a ellas, o la obligación de abandonar el lugar común, en caso de tratarse de un familiar o cercano.
Junto a los restantes proyectos enviados por el Gobierno y que conforman la política de Infancia, la promulgación de esta ley constituye un avance sustancial en materia de protección a niños, niñas y adolescentes.
Como autoridades nos estamos haciendo cargo de un problema que no había sido abordado en nuestra legislación, marcando un antes y un después en materia de protección jurídico - procesal de la infancia.
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