Cuando se consulta a la ciudadanía acerca de las acciones que deben implementarse en materia de seguridad pública, generalmente ésta responde pidiendo mayor control policial, más cárceles y leyes más severas. Esa puede ser una parte de la estrategia para disminuir la tasa de delitos en Chile, pero no la única.
Por ejemplo, el Gobierno ha sido proactivo en materia legal, con la llamada Agenda Corta, pero también ha impulsado acciones preventivas, como intervenciones en espacios públicos, cámaras de tele-protección y alarmas comunitarias, por mencionar algunos ejemplos, acciones cuyos resultados están a la visita. Según la última ENUSC, las cifras de victimización se han mantenido estables, mientras que la percepción de temor ha disminuido.
Sin embargo, desde el ministerio de Justicia y DD.HH. creemos que debe ampliarse la mirada en lo que respecta a lo preventivo. Nadie dice que haya que dejar de construir penales ni de reformar las leyes, pero la prevención del delito también es posible utilizando miradas distintas para atacar un mismo fenómeno. Nos referimos, en concreto, a la reinserción y rehabilitación de condenados, temas que no entran en la dinámica del control delictivo.
Esto no es nuevo. En las últimas tres décadas las políticas públicas en este sentido se han abordado como iniciativas individuales, pero no como un plan integral, y los últimos gobiernos han estado en deuda en este orden de consideraciones, no por falta de interés, sino porque no se han generado instancias de coordinación integral entre los distintos entes que abordan este trabajo.
Por lo mismo, con el firme propósito de cambiar ese paradigma, creamos en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos un Comité Asesor de Reinserción, cuya primera reunión contó con la asistencia, entre otros, del Presidente de la Corte Suprema, ex Ministros de Justicia, servicios relacionados con nuestra cartera, especialistas en seguridad y también representantes de fundaciones y empresarios, instancia que sesionará cada dos meses y que esperamos formule una política pública de corto, mediano y largo plazo.
Más cárceles no han terminado ni terminarán con la delincuencia en Chile. Leyes más gravosas, tampoco lo lograrán. Por eso nuestra apuesta ha sido iniciar un nuevo camino que apunte a contribuir a bajar la tasa de victimización, mediante la rehabilitación de los condenados. Y estamos seguros que es un buen rumbo, pues las estadísticas no mienten: de cada 100 reclusos que hoy participan en programas de capacitación y empleo al interior de las cárceles, cerca de 40 no vuelve a reincidir en el delito.
Ahora, más allá de los estudios y experiencias, esta rehabilitación y reinserción tiene que sostenerse en tres pilares fundamentales, Educación, Trabajo y Formación moral y espiritual. Ni más ni menos.
En estos tres ejes se resumen todas las demás acciones que los integrantes de la mesa que hemos convocado pueden proponer, claramente con algunos matices y visiones, sobre todo en lo referido a la última materia.
Esta semana comenzaron las comisiones de trabajo, definidas a partir de la primera sesión del Comité Asesor y, en dos meses más, tendremos los primeros resultados, para llegar a diciembre con una propuesta de políticas públicas en reinserción. El ánimo e interés está.
Sólo falta aunar los esfuerzos y concretarlos, en una acción integral, permanente y multisistémica, para así darles una nueva oportunidad a quienes le han fallado a sus familias y su entorno, y quieren volver a reinsertase y ser útiles a la sociedad. Ello es un derecho y un imperativo moral.
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