Al vivir esta especie de circo mediático, en relación a Manuel Monsalve, puede ser interesante preguntarnos si no sería conveniente someterlo a una pericia psiquiátrica para dimensionar, desde un punto de vista médico, los hechos que se le imputan.
Con todo, la gran pregunta que surge ante las gravísimas acusaciones y los comportamientos que estamos conociendo, es ¿cuáles son los filtros a que deben someterse los servidores públicos que ostentan el mayor poder y autoridad en el país?
Entiendo que en muchas instituciones se hacen estos acuciosos análisis, y así y todo no están completamente exentas de tener entre sus filas situaciones de esta índole. ¿Quién nos asegura, si no es ésta una práctica del Estado, que existan soterradamente otros funcionarios que estén incurriendo en hechos semejantes?
Siendo Monsalve declarado o no culpable, debiendo o no cumplir una pena, es indispensable llegar a la certeza de si amerita un tratamiento ad hoc de forma de asegurar que no sea, en el futuro, un peligro para la seguridad ciudadana. Por esta norma hemos clamado siempre, para que nuestro sistema penal cuente con la atención de salud mental para los privados de libertad.
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