Tres luchadores contra la dictadura

Circula en estos días un mensaje que lleva como encabezamiento la frase “36 años después” y que está firmado por los familiares del profesor universitario Fernando Ortiz Letelier, el constructor civil Horacio Cepeda Marinkovic y el trabajador municipal Lincoyán Berríos Cataldo, dirigentes clandestinos del Partido Comunista de Chile en los primeros años de la dictadura de Pinochet.

Ellos fueron detenidos por agentes de la DINA el 15 de diciembre de 1976 y llevados a la cárcel secreta de la calle Simón Bolívar, donde fueron asesinados. Sus nombres están registrados en el Informe Rettig, dado a conocer en febrero de 1991.

“Tras años de investigación –dice el mensaje de los familiares-, sus restos han sido identificados y hoy nos aprontamos a cumplir con el rito de darles sepultura. Queremos compartir este momento con quienes los conocieron en sus diferentes etapas de vida, con quienes les abrieron las puertas en la clandestinidad, con sus compañeros de Partido y con todos los amigos y amigas que nos han acompañado a lo largo de estos casi 36 años en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia”.

En 1976, la DINA cumplió la orden del dictador de proceder al exterminio sistemático de los cuadros dirigentes del PC, instrucción que fue aplicada de manera implacable por los agentes que dirigía Manuel Contreras Sepúlveda.

Como consecuencia de ello, ese año fueron asesinados numerosos militantes comunistas, incluidos los miembros de dos equipos completos de dirección de ese partido, el primero, encabezado por Víctor Díaz, que antes del golpe de Estado había sido dirigente nacional de la CUT, y el segundo, dirigido por Fernando Ortiz, que había sido académico del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Al ordenar el exterminio de los dirigentes y activistas de las fuerzas de izquierda –el PC, el PS, el MIR y otros grupos-, Pinochet puso al Estado al servicio de una política deliberadamente criminal. No hay antecedentes de algo semejante en nuestra historia. El dramático capítulo de los detenidos desaparecidos no fue otra cosa que el asesinato premeditado y alevoso de prisioneros indefensos. Es difícil concebir una vileza mayor.

Hoy conocemos los extremos a los que llegó la ignominia en nuestro país. Para no dejar rastros, los cuerpos de muchos compatriotas fueron enterrados en fosas comunes, o lanzados al mar, o dinamitados. En nombre de la patria y la seguridad nacional, se pusieron en práctica todas las formas de inhumanidad.

Numerosos miembros de las Fuerzas Armadas fueron envilecidos por la dictadura y empujados a cometer actos de extrema crueldad en contra de miles de chilenos, incluso de sus propios compañeros de armas, como quedó de manifiesto en la reciente resolución judicial sobre el caso del general Alberto Bachelet, de la FACH, sometido en 1974 a torturas que le causaron la muerte.

¿Qué enseñanzas nos dejó la larga experiencia dictatorial? No podemos esquivar este asunto.

Fue mucho lo que perdimos cuando se hundió la democracia y se impusieron en Chile la arbitrariedad y el crimen. Esto, lamentablemente, no es tan claro para las nuevas generaciones, en particular para los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer en condiciones democráticas. Es el efecto inevitable del paso del tiempo.

Al fin y al cabo, la gente joven ve muy lejana aquella tragedia y siente que lo normal es vivir en libertad. En todo caso, debemos tratar de que la sociedad chilena no sucumba a la amnesia. Esa es la condición para evitar que repitamos los errores trágicos.

Todos necesitamos entender que nuestra primera obligación es colaborar para que la vida en comunidad sea posible, para que no seamos cegados por el espíritu de bando, para que ningún fanatismo se imponga entre nosotros.

Tenemos que defender el marco de civilización representado por el sistema de protección de las garantías individuales, del cual es expresión el habeas corpus o recurso de amparo, que consagra el derecho de toda persona detenida a ser presentada ante un tribunal que resguarde sus derechos.

Nada es más importante que impedir el avasallamiento de las personas, no importa cuál sea su credo, ideología o filiación política. No puede haber ambigüedades en este terreno: los derechos humanos deben ser defendidos en todo tiempo y en todo lugar, cualesquiera que sean las víctimas y cualesquiera que sean los victimarios.

Si adherimos a la cultura de los derechos humanos, si reconocemos que estos tienen valor universal, debemos oponernos a todas las dictaduras, a todos los crímenes, independientemente de la coartada que se levante para justificarlos. El principio fundamental sobre el que debemos definirnos sin equívocos es la defensa consecuente de los valores de la democracia.

Los familiares de Ortiz, Cepeda y Berríos han invitado a rendirles un homenaje el viernes 27 de julio a las 19 horas, en Michoacán, Lynch Norte N°169, y a sus funerales, que tendrán lugar el sábado 28, a las 12 horas, en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, en el Cementerio General (ingreso por Recoleta).

Nos asociamos a estos actos, que exaltan la memoria como fundamento de los esfuerzos por tener una sociedad identificada con el pluralismo, la tolerancia y el derecho.

El mayor homenaje que podemos rendir a las víctimas de la represión es el compromiso de fortalecer el régimen de libertades que nos protege a todos. Eso implica batallar para que nunca más surja una dictadura en nuestra tierra.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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