¿Y la solución integral de la delincuencia?

El 12 de agosto el intendente Claudio Orrego escribía, en este mismo medio, acerca de la “solución integral al problema de la delincuencia”. Señalaba que había que salir de los lugares comunes populistas y enfocarse en una política que enfrente la complejidad del fenómeno delictual desde todas sus dimensiones, llamando a seguir “el camino difícil y escarpado de la solución integral al problema de la delincuencia”.

Sin embargo, tal como lo ha denunciado Paz Ciudadana, en la propuesta del presupuesto enviado por la Presidenta, el foco casi exclusivo está en la represión del delito, no en la prevención.

No hay nada nuevo en la discusión entre “la mano dura contra la delincuencia” y las “soluciones integrales”, que en definitiva aparecen conjuntamente en los programas de Gobierno durante las campañas políticas, es cosa de  revisar los programas de las campañas presidenciales 2005  y 2013 de la Mandataria, así como en el del ex Presidente Piñera.Ambos son lugares comunes en el discurso público sobre política criminal. Lo que no es un lugar común, es cómo se llevarán a cabo ambas visiones -por separado o conjuntamente- en la práctica.

Las “agendas cortas antidelincuencia” (en actual tramitación y las anteriores) suponen aumentar delitos y sus penas, disminuir la posibilidad de cumplir la pena en libertad, mejorar la persecución penal. Al respecto, no hay antecedentes que permitan asegurar que una misma receta genere un resultado distinto.

Por otra parte, las soluciones integrales, de largo plazo, que buscan prevenir la comisión de delitos, acoger a jóvenes, etc., se quedan en el papel, como históricamente ha sucedido.

Basta sólo un ejemplo. En 1954 se publicó la “ley de estados antisociales”, que pretendía enfrentar el fenómeno de la delincuencia con medidas de mediano y largo plazo. Durante su discusión se introdujo una segunda parte, donde se establecieron normas como las que hoy se encuentran en las “agendas cortas” antidelincuencia.

Las medidas de largo plazo nunca fueron ejecutadas, principalmente por falta de presupuesto y, en 1994, fue derogada esa parte de la ley, pero la mayoría de las modificaciones vinculadas a “endurecer la mano” contra los delincuentes siguen vigentes hasta hoy.

La lección de la historia es clara. No bastan los lugares comunes (ambos), sino que se requiere su implementación a largo plazo.

La manera como se acaba de enfrentar el conflicto con un grupo de gendarmes y, más aún, el contenido del presupuesto formulado para 2016, sólo indica que las medidas del Estado respecto de (cierta) delincuencia, claramente, no son integrales y tampoco son soluciones.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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