Agilizar los proyectos estratégicos
Una muy mala noticia para Chile y el mundo es la decisión de las empresas HIF Chile y Enel Green Power Chile de retirar del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el estudio del proyecto del Parque Eólico Faro del Sur en Punta Arenas, por haber tenido una "excesiva burocratización" y "exigencias excepcionales (...) que sobrepasan los estándares habituales", según argumentó el conglomerado industrial al momento de abortar la iniciativa.
El ingeniero químico puntarenense Luis Boric, padre del Presidente de la República, manifestó en su cuenta Twitter su "extrañeza" por requerimientos que -a su juicio- estarían "más allá de la normativa" existente en Chile, que es "la que se debe cumplir".
Me sumo a la preocupación del ingeniero Boric, porque el abandono del proyecto Faro del Sur deja trunca la iniciativa que buscaba transformar los fuertes vientos patagónicos en energía eólica almacenada y distribuida como hidrógeno verde (HV), el combustible que puede desplazar a las energías fósiles y salvar a la humanidad de los desastrosos efectos del calentamiento global. Además, se proporciona una pésima imagen comunicacional al mundo, pues al caerse un proyecto que involucra HV, las empresas internacionales y de vanguardia en la materia no tendrán incentivos para implementar el uso de energías renovables en nuestro país.
En el Congreso Futuro 2011, cuando pocos sabían del tema, vinieron dos expertos mundiales a exponer sobre la materia. Por ello, en 2017 junto a varias universidades así como especialistas y empresas, creamos una Comisión de Hidrógeno Verde que planteó que esta energía podría ser un negocio para el país equivalente a todo el PIB chileno y, además, evitar que la humanidad encalle y dejar un basurero como futuro a las generaciones que vienen.
Chile tiene todas las condiciones geográficas y geopolíticas para ser el mayor productor de hidrógeno verde del mundo, abastecer a buena parte del planeta y desalojar, de una vez, a los combustibles fósiles de la matriz productiva.
No sólo tenemos una responsabilidad ética con la humanidad, sino que estamos ante una oportunidad única de desarrollar el país a límites impensados, porque de la misma manera como importamos gas natural, podríamos exportar hidrógeno verde -cuyo "contaminante" es agua- y ser la Arabia Saudita del siglo XXI en materia energética.
Pero se deben levantar muchas plantas fotovoltaicas y eólicas si se quiere generar la cantidad de energía renovable suficiente para ser almacenada y exportada como hidrógeno. El problema es que si esos complejos no están implementados al 2035, será demasiado tarde. Por ello creemos que es inaceptable que la "excesiva burocratización" haga caer proyectos como este, pues entrega una muy mala señal de incertidumbre y desincentiva a otras empresas a impulsar proyectos similares... lo que es una pésima noticia para la sobrevivencia del mundo.
Además, el HV es fundamental para alimentar todo el chasis energético -data center y nubes de almacenamiento- que requiere la inteligencia artificial para funcionar y que, cada día más, es imprescindible para alimentar, vestir, transportar y cuidar a la humanidad.
Lo mismo ocurre con el cobre y el litio. En los momentos que más se requieren para desarrollar la electromovilidad, Chile disminuye la producción de cobre y tampoco acelera la extracción de litio, que sólo tiene una ventana de 20 años antes de ser reemplazada por el HV y nos quedemos con la mayor parte de los 13 millones de toneladas que poseemos.
Queremos plantearle al Gobierno que dejemos de ser rehenes de un sistema anacrónico que impide a Chile colaborar para enfrentar el calentamiento global, y que las energías solares, eólica y el hidrógeno verde sean declarados recursos estratégicos y, sin disminuir las exigencias, tengan un mecanismo de evaluación más rápido y eficiente. Proponemos implementar una nueva estrategia donde el Estado se hace cargo de escoger los terrenos más aptos, desarrollar los estudios de irradiación, geológicos, de impacto ambiental, las consultas indígenas y a las comunidades y convoque a las empresas y gestionar el proyecto que es lo que saben hacer y las libere del proceso burocrático.
Esta alianza permitiría reducir los períodos de evaluación de 8 o 10 años, a sólo dos o tres y terminaría con las incertidumbres.
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