Desalinización, una herramienta para la crisis hídrica
La desalinización en Chile ha evolucionado significativamente en los últimos años, aunque todavía enfrenta desafíos considerables. Hoy en día, varias plantas desalinizadoras están en operación, principalmente para satisfacer la demanda de la minería y otras industrias en el norte del país. Estas iniciativas han demostrado la viabilidad técnica de la desalinización como fuente alternativa de agua, especialmente en regiones áridas. Sin embargo, la implementación a mayor escala para el consumo humano sigue siendo limitada debido a los altos costos de inversión y operación, los desafíos regulatorios y la falta de incentivos económicos, lo que ha restringido su expansión.
Para enfrentar la crisis hídrica que vivimos es fundamental adoptar una visión integral hacia el futuro. Debemos asegurar que las plantas desalinizadoras sean multipropósito, capaces de suministrar agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. Actualmente, no estamos aprovechando todo el potencial de la desalinización, y es esencial aprender del destacado trabajo realizado por España y otros países del medio oriente.
La factibilidad regulatoria de la desalinización en Chile implica examinar la legislación vigente sobre concesiones marítimas, la normativa medioambiental aplicable y los incentivos económicos disponibles. La ley de Concesiones Marítimas permite a particulares y empresas obtener permisos para usar áreas marítimas con fines específicos, incluyendo la instalación de plantas desalinizadoras. Esta ley ha sido criticada por su burocracia y las demoras en el proceso de obtención de concesiones, lo cual desalienta a los potenciales inversionistas. La falta de claridad y consistencia en los criterios para evaluar y otorgar concesiones también genera incertidumbre en el sector.
Además, las plantas desalinizadoras deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque no como tipología principal, sino debido a las partes, obras o acciones del proyecto. Este proceso es criticado por su extensión, los altos costos asociados y la percepción de excesiva burocracia. Esperamos con optimismo que el proyecto de ley que reforma al SEIA permita reducir los plazos y otorgar mayor certeza jurídica a las partes involucradas, permitiendo que nuestro país vuelva a ser atractivo para invertir.
En cuanto a los incentivos económicos, actualmente no existen mecanismos claros que promuevan la inversión en plantas desalinizadoras, como programas de subsidios o financiamiento accesible. En otros países, los subsidios gubernamentales han sido fundamentales para el desarrollo de la desalinización, proporcionando el apoyo financiero necesario para cubrir los altos costos iniciales y de operación.
Además, las estructuras tarifarias actuales en Chile en el caso de agua para el consumo humano, no reflejan el verdadero costo del agua desalinizada, lo que puede desincentivar a las empresas a invertir en esta tecnología. Si las tarifas no son suficientes para cubrir los costos de producción y operación, las empresas no verán rentable embarcarse en proyectos de desalinización.
La falta de modelos eficientes de alianzas público-privada también limita el desarrollo de estos proyectos. En muchos casos, las asociaciones son cruciales para compartir riesgos y beneficios, así como para acceder a la experiencia y recursos necesarios para implementar y operar plantas desalinizadoras de manera eficiente. Sin estos modelos de colaboración, el avance de la desalinización en Chile se ve seriamente restringido.
Sin duda, es necesario actualizar nuestra legislación para abordar estos desafíos. No obstante, nos hemos enfrentado a varios obstáculos para avanzar en esta materia. Un aspecto complejo para la aprobación de distintos proyectos de ley ha sido la discusión respecto de la naturaleza jurídica del producto de la desalinización. Un sector sostiene erróneamente, y que a pesar de la gran inversión que implica instalar una planta de desalinización, el agua desalada debería ser siempre considerada como un bien nacional de uso público.
En este contexto, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado realizó un esfuerzo para evitar la discusión ideológica, priorizando la búsqueda de soluciones eficaces para enfrentar la escasez hídrica del país. Después de un arduo trabajo con el ejecutivo, logramos un acuerdo consensuado sobre el fondo del proyecto. Sin embargo, surgieron dudas respecto a las autoridades competentes que debieran regular esta materia. Pareciera haber dos posturas en el gobierno: Unos creen que el Ministerio de Bienes Nacionales es la autoridad idónea para regular las concesiones de desalinización, mientras que otros sostienen que el recurso humano y la capacidad técnica necesarios están en el Ministerio de Obras Públicas.
En resumen, aunque hemos avanzado, aún queda mucho por hacer para aprovechar al máximo el potencial de la desalinización en Chile. Aprendamos de quienes han recorrido este camino y adaptemos sus lecciones a nuestra realidad, asegurando un futuro hídrico más sostenible y equitativo para todos.
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