Desarrollo sostenible en la Constitución

Margarita Ducci

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Quedan pocos días para que los ciudadanos votemos cada uno, como máximo, por siete iniciativas populares de norma, propuestas para la nueva Constitución. Es así como desde Pacto Global hemos trabajado -junto a otras instituciones convocadas por la Sofofa- en temáticas que generen consensos y que puedan aportar a la nueva Carta Magna.

Para ello, desarrollamos un documento sobre temas medioambientales relevantes donde abordamos entre otros, la gestión de recursos naturales, la administración del recurso hídrico y los derechos de la naturaleza, difundiendo estas propuestas e invitando a algunos constituyentes a participar en la discusión. Una de las conclusiones fue incluir una iniciativa de norma llamada "Para una Constitución Sostenible", que hasta hoy cuenta con una baja votación, tal vez por falta de difusión o de comprensión de su importancia e impacto.

Convocar a un desarrollo sostenible es fundamental y amplio en su concepción, dado que iluminará el desarrollo de todas las actividades económicas bajo la mirada de un equilibrio entre lo económico, lo social, y lo medioambiental. El marco constitucional será clave para generar las condiciones necesarias para el progreso del país, en general, y de la actividad productiva, en particular, por ello, la búsqueda de un sano equilibrio entre progreso social, crecimiento económico y protección ambiental, se vuelve un imperativo urgente.

Pero ¿por qué es tan importante el progreso para un país? Para solucionar unos de los principales problemas de la humanidad: La pobreza. En 2015 se realizó la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, instancia en la cual más de 150 líderes mundiales adoptaron la nueva Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que precisamente buscan, eliminar la pobreza con metas exigentes sobre la salud, la educación y la igualdad de género, objetivos universales que se aplican a todos los países y a todas las personas, poniendo a estas, en el centro. De esta manera, el concepto de Desarrollo Sostenible tiene implícito un claro sello intergeneracional, por cuanto plantea que el progreso de la generación presente podría significar una presión sobre los escasos recursos naturales, lo que causaría un perjuicio para las generaciones futuras.

Con la consagración del Desarrollo Sostenible como un principio constitucional, se propicia un compromiso con la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, estrategia que ofrece un marco razonable, equilibrado y orientado al bien común, indicando una ruta concreta y detallada que puede transformarse en un eje fundamental de la Nueva Constitución.

Resulta evidente entonces, que la discusión sobre la sostenibilidad no tiene que ver con un modelo de desarrollo económico particular, sino que con la necesaria articulación constitucional de garantías a las personas y su entorno. De hecho, el Índice de Desempeño Ambiental (Environmental Performance Index, EPI 2020), que clasifica a 180 países en salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, evidencia que existe una correlación positiva entre el PIB per cápita y ambiental.

En definitiva, se necesita el apoyo de todos quienes compartan este concepto y visualicen su importancia, ya que se acaba el plazo para votar, y no podemos dejar pasar, esta oportunidad histórica.