El aire limpio no puede esperar, nuestra salud tampoco
Chile ha asumido el compromiso de cerrar progresivamente sus centrales termoeléctricas a carbón. Sin embargo, mientras continúen operando, sus emisiones seguirán afectando a quienes habitan en territorios como Huasco, Mejillones, Tocopilla, Quintero-Puchuncaví y Coronel. La existencia de un calendario de cierre no vuelve inocua la contaminación durante los años que aún quedan: para quienes respiran hoy ese aire, esperar también tiene consecuencias.
Esta distinción importa porque la transición energética suele presentarse como una secuencia casi automática: se cierran centrales contaminantes, se incorporan energías renovables y el país avanza hacia un futuro más limpio. Pero las transiciones ocurren en territorios concretos, con historias de contaminación acumulada y comunidades que han soportado durante décadas los costos ambientales del desarrollo energético nacional.
Por eso, una transición justa no puede limitarse a reemplazar una fuente de energía por otra. También debe hacerse cargo de las condiciones en que funcionan las instalaciones mientras permanecen activas y de los pasivos que dejarán cuando cierren.
En marzo, el Ministerio del Medio Ambiente retiró de la Contraloría General de la República 43 decretos que se encontraban en trámite de toma de razón. Entre ellos estaban el D.S. N°8/2025, que actualiza la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, y el D.S. N°3/2026, correspondiente a la nueva Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP2,5.
No se trataba de propuestas preliminares. Ambas normas eran el resultado de procesos desarrollados durante los dos gobiernos anteriores y habían atravesado las etapas técnicas, económicas y participativas establecidas para su elaboración. Su retiro ocurrió cuando solo restaba el control de legalidad de la Contraloría.
La norma para termoeléctricas buscaba reducir los límites permitidos de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio, además de regular por primera vez el níquel y el vanadio. La norma vigente data de 2011 y lleva quince años sin actualizarse.
La nueva norma de MP2,5, por su parte, reducía el límite anual desde 20 a 15 microgramos por metro cúbico y el límite diario desde 50 a 38. Aunque estas cifras todavía se encuentran por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, representaban un avance necesario frente a uno de los contaminantes más dañinos para la salud.
Los propios análisis del Ministerio del Medio Ambiente estiman que esta actualización permitiría evitar alrededor de 1.466 muertes prematuras al año y produciría beneficios sociales por US$8.873 millones durante una década. Sus beneficios serían 5,4 veces superiores a sus costos. No estamos frente a una regulación ornamental, sino ante una política de salud pública capaz de prevenir enfermedades, reducir hospitalizaciones y disminuir gastos para las familias y el sistema sanitario. Cada año de postergación significa prolongar una exposición cuyos efectos ya conocemos y podemos reducir.
En el caso de las termoeléctricas, además, una evaluación basada únicamente en promedios nacionales puede ocultar que sus impactos se concentran en comunidades específicas, muchas de las cuales acumulan distintas fuentes de contaminación. Esas personas no pueden transformarse en una cifra estadísticamente pequeña dentro de un cálculo nacional.
El retiro de estas normas tampoco entrega mayor certeza a los sectores productivos. Cambiar las reglas al final de procedimientos que tomaron años debilita la confianza institucional y transmite la señal de que los acuerdos técnicos y participativos pueden suspenderse con cada cambio de gobierno. La certeza regulatoria no consiste en mantener indefinidamente estándares desactualizados, sino en contar con reglas claras, previsibles y capaces de incorporar la evidencia científica.
Los antecedentes y argumentos que se presentan en esta columna son precisamente los que distintas organizaciones sociales, científicas, ambientales y comunitarias han difundido para impulsar el reingreso a Contraloría de los decretos en la materia. Como parte de este esfuerzo, el día 1 de septiembre enviaron a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, la carta "¡Que devuelvan los decretos de MP2,5 y emisión de termoeléctricas!".
La carta solicita el reingreso inmediato de ambos decretos a Contraloría, manteniendo los límites técnicos y plazos de implementación ya acordados. Ha sido respaldada por más de 50 organizaciones como el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (Sochmet), el Comité de Salud Ambiental Infantil de la Sociedad Chilena de Pediatría, Chile Sustentable, Greenpeace, ONG Uno Punto Cinco, FIMA; por juntas de vecinos, comités de agua potable y organizaciones de territorios afectados por la contaminación; y por más de 300 personas. Esta diversidad demuestra que no se trata de una demanda sectorial, sino de una preocupación transversal por la salud y la calidad de vida.
Reingresar estas normas no resolverá por sí solo la contaminación atmosférica ni las desigualdades acumuladas en los territorios. Pero permitirá recuperar dos instrumentos concretos, técnicamente respaldados y largamente postergados. El cierre futuro de las termoeléctricas no puede convertirse en una excusa para tolerar emisiones que hoy pueden reducirse. Una transición justa comienza antes del cierre, porque el aire limpio no puede esperar y la salud de las personas tampoco.