Es conocido por todos que la desertificación avanza en nuestro país a pasos agigantados, de norte a sur. También es sabido que siendo uno de los países con mayor estrés hídrico a nivel planetario, Chile tiene el vilipendiado sello de ser el único que privatizó el acceso al agua, haciendo caso omiso a lo establecido el año 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo consagra como un derecho garantizado por el Estado. Además, atravesamos una tormentosa megasequía, tal vez la más cruenta de la historia, que tiene por estos meses un volcán que pronto va a explotar como es la conflictividad social por el agua, en especial por estos días en el valle del Aconcagua, por la intervención del río Aconcagua, en la Región de Valparaíso.
Es por ello que es imperativo hacer frente de todas las maneras que sean posible a estos "malos atributos", teniendo siempre presente que esto debe ser a través de una gestión integral, coherente y participativa.
Cuando se habla de una gestión integral implica considerar por parte del Estado todas las alternativas, gestiones e infraestructuras hídricas existentes, por ejemplo pequeños y medianos embalses, plantas desaladoras, uso de los emisarios submarinos, balance hídrico de cuencas, inyección de agua a los sectores hidrogeológicos, piscinas de infiltración, entre otras; de modo que se evite a toda costa agotar las corrientes de agua natural como son los ríos, tal como ocurre con el río Aconcagua, que penosamente se está estrujando bajo la lógica del "sí, sí, gran jefe", al favorecer a un privado como la sanitaria Esval que no hace las obras hidráulicas necesarias y eficientes, desentendiéndose de su responsabilidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía, haciéndolo a expensas de un daño ecológico que a mediano plazo puede llegar a ser irreparable.
Adicionalmente, debe ser una gestión coherente desde el punto de vista del lenguaje bien empleado, ya que aún hay personas -y lo que es peor, autoridades- que siguen con la falsa monserga de decir "el agua del río se pierde en el mar", situación que demuestra un desconocimiento y una ignorancia "del porte de una catedral", porque el agua dulce no se pierde en el mar, ya que es parte del conocido ciclo integral del agua que viene a aportar nutrientes y ayuda a la preservación de la biodiversidad costera, manteniendo el normal funcionamiento de los ecosistemas existentes en el territorio.
Finalmente se debe enfrentar con una gestión participativa, donde las autoridades, la ciudadanía y las organizaciones públicas y privadas sean parte de las grandes decisiones que se hacen desde el punto de vista del ordenamiento y conservación territorial, situación que no ocurre con la actual intervención que se lleva a efecto en el río Aconcagua, donde la autoridad "competente" en la materia, más allá de una prerrogativa y atribución que tiene como institucionalidad, desconoce el territorio, no hace partícipe a otras autoridades de tan importante decisión, no hace trazable (tal vez por desconocimiento técnico, espero que no) una decisión netamente técnica, con argumentos técnicos que la fundamenten, como por ejemplo con balances hídricos de las cuencas disponibles, análisis hidrológicos por cada sección, para saber a ciencia cierta cuánta agua hay disponible para recién distribuir de manera equitativa, deslindes de los cauces de los ríos, diálogos permanentes y no cuando sea tarde con las directivas de las juntas de vigilancias de las secciones del río, más allá de que sus funciones estén justa o injustamente suspendidas.
Llora el Aconcagua como un niño cuando pierde un juguete, llora el Aconcagua al ver que sus venas se quedan sin sangre, llora el Aconcagua porque ve a su gente disputándose las migajas de agua que quedan para beneficiar a unos pocos.
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