Extracción de áridos, pastelero a tus pasteles

Para nadie es un misterio el triste escenario que vive nuestro país con los fenómenos de sequía, contaminación y cambio climático. Estos se acrecientan cuando existen políticas públicas deficientes en preservación ecosistémica y crisis de gobernanza en materia medioambiental. Chile como país signatario y perteneciente al selecto grupo de la OCDE no solo tiene el llamado “privilegio” de pertenencia sino que tiene responsabilidades que cumplir como el fortalecimiento institucional y promulgación de leyes que aporten a la sustentabilidad. 

Es por esto que se hace necesario que el Estado en su rol de fortalecimiento institucional debe hacerse cargo de situaciones que carecen de una regulación eficaz y poco explorada, donde la gestión por competencia es fundamental para hacer frente a un problema que puede transformarse en una mala herencia para las futuras generaciones.

Tal es el caso de la regulación de la extracción de áridos principalmente en cauces de los ríos y lagos que tanto estragos provocan cuando no son fiscalizadas y bien manejadas como pasivos ambientales.

La extracción de áridos en materia medioambiental está permitida cuando es realizada con criterios técnicos y modelación hidráulica de manera eficiente, evitando modificaciones en los cauces que provocan grandes desastres tales como caídas de puentes, socavación de grandes obras públicas y desbordes de ríos en zonas urbanas.

Esto quedó demostrado con el gran desborde del río Copiapó que provocó el corte de caminos, caídas de puentes, arrastre de viviendas y pérdida de vidas humanas.

Adicionalmente este fenómeno de descontrol también se puede apreciar en la cuenca del río Aconcagua donde producto del otorgamiento indiscriminado de patentes para extracción de áridos sin control por parte de algunos municipios generaron el rompimiento del sello del río en tramos, situación extremadamente compleja.

No obstante lo anterior y en virtud de esta afectación a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) hizo que se mostrara la verdadera radiografía de la incompetencia de algunos municipios, dado que la Dirección General de Aguas en el período 2014 - 2018 cursó más de 27 multas millonarias a empresas privadas en la cuenca del río Aconcagua producto de la modificación de cauces. Dos problemas, las municipalidades entregaban autorizaciones “raras” y tampoco fiscalizaban.

Lamentablemente la extracción de áridos en Chile es una actividad que carece de una regulación única, existiendo algunas normas muy dispersas repartidas en diversas instituciones públicas que solo aplican cuando se trata de analizar la naturaleza del suelo del que se va a extraer el material. Es por esto que se hace necesario una ley para la extracción de los áridos que vele por mantener el ciclo hidrológico de los ríos y no aplicando la teoría de “al mejor postor” traducidas al pago de derechos municipales y cuando corresponde, de patentes municipales sin ningún sesgo de competencia técnica de parte del ente fiscalizador, dejando de manifiesto un silencioso y peligroso conflicto de interés. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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