Importancia de las políticas de género en la conservación de la naturaleza

Este año se conmemoran tres décadas desde la Declaración de Beijing sobre igualdad de género, adoptada en la Conferencia ONU Mujeres en 1995. Este documento, ratificado por 189 países, incluido Chile, ha servido como hoja de ruta hacia la equidad de género.

Aunque en muchos lugares se han logrado avances significativos, la realidad de algunos países demuestra que la igualdad sigue siendo un objetivo lejano. Las brechas de género persisten a nivel global en ámbitos como las oportunidades laborales, la disparidad salarial, el acceso a la toma de decisiones y el control sobre la tierra y los recursos. Estas desigualdades, además de ser inaceptables desde un punto de vista ético y moral, tienen un impacto negativo en la capacidad global para enfrentar las crisis ambientales.

Investigaciones realizadas por CARE-WWF, instituciones dedicadas a la conservación y la acción climática, indican que la exclusión de las mujeres en proyectos de conservación afecta negativamente la biodiversidad. En contraste, su participación activa y liderazgo han demostrado contribuir a la reducción del daño ecológico y a la mejora en la sustentabilidad. Asimismo, los países con menor desigualdad de género tienden a presentar mejores índices de bienestar ambiental.

Según el Instituto Internacional para el Desarrollo Ambiental, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral agrícola en el Sur Global, gestionan el 29% de las granjas y constituyen el 47% del sector pesquero a nivel mundial. Su rol es fundamental en la propagación, producción, distribución y comercialización de productos naturales, en un espectro más amplio que el manejado por los hombres. Esta labor contribuye a la conservación de la biodiversidad y a la seguridad alimentaria. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, exacerbando las inequidades existentes. En tiempos de escasez de recursos, son ellas quienes suelen asumir cargas adicionales para garantizar la subsistencia de sus familias y comunidades.

Un estudio de ONU Mujeres realizado en 61 países revela que en el 80% de los hogares con escasez de agua, son las mujeres y niñas quienes deben encargarse de recolectar y administrar este recurso. Esta responsabilidad implica largas caminatas y un esfuerzo físico considerable, lo que impacta negativamente su acceso a la educación y oportunidades de desarrollo. Se ha demostrado que reducir el tiempo destinado a la búsqueda de agua aumenta significativamente la asistencia escolar de las niñas. Esta situación se repite con otros recursos naturales, cuya disminución agrava las desigualdades de género.

En estudios dirigidos por la académica Anahí Ocampo, de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, se evidencia que tanto en Chile como en el mundo, la propiedad de la tierra no solo está relacionada con el acceso a los mercados y por lo tanto la posibilidad de salir de la pobreza, sino también con el acceso a los espacios de toma de decisiones y por lo tanto de poder, espacios a los cuales las mujeres tienen mucho menor acceso. En Chile, la gestión del agua está vinculada también con la propiedad de la tierra, lo que limita el liderazgo de los espacios de gobernanza del agua.

La evidencia global es contundente: la participación de las mujeres en iniciativas de conservación mejora la sostenibilidad de los recursos naturales. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) ha incorporado mandatos para promover la equidad de género en diversas políticas ambientales.

Chile, en su informe para el trigésimo aniversario de la Declaración de Beijing, reconoce que las mujeres son un grupo especialmente vulnerable al cambio climático debido a brechas estructurales en acceso a la participación, toma de decisiones, propiedad y uso de recursos naturales como agua, tierra y energía. También enfrentan inequidades en salarios, educación, trabajo formal, créditos, información y tecnologías. Ante esta realidad, en los últimos años se han implementado medidas para incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y climáticas.

Adoptar un enfoque de género en políticas ambientales implica reconocer las diferencias de acceso y oportunidad, promover el liderazgo femenino en iniciativas ambientales y garantizar que los derechos fundamentales de las mujeres y niñas no sean comprometidos por la degradación de los recursos naturales. La equidad de género no solo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para la sostenibilidad del planeta.

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