La agenda ambiental también es equidad

Aunque ciertamente a veces tenemos la impresión de que avanzamos, y en algunos casos efectivamente lo es, la verdad es que en materia de protección medioambiental pareciera que siempre quedamos cortos y que la lista de pendientes nunca se acorta. 

Durante el año pasado y el inicio del actual varios proyectos de ley lograron sortear vallas y avanzar hacia el siguiente trámite o derechamente convertirse en ley, como ocurrió con los humedales urbanos que más allá de cualquier consideración, están más protegidos que ayer. 

Entre los que avanzaron están el Servicio de Biodiversidad, ya aprobado en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados; el que protege las turberas y el que prohíbe el uso de fuegos pirotécnicos en humedales; pero deben seguir avanzando aquellas iniciativas que buscan regular los plásticos de un uso, que tipifican el delito ambiental, el que establece restricciones en zonas saturadas o latentes y, por cierto, aquella que fija una ley marco de Cambio Climático. 

Discusión aparte merece aquella iniciativa del Ejecutivo que busca regular el borde costero, propuesta resistida por diversas comunidades y actores sociales y académicos, quienes no quieren una nueva forma de entregar la costa a más actividades económicas de las que hoy ocupan el litoral en manos de Bienes Nacionales, sino que aprovechar la oportunidad de redefinir la política nacional de la “zona costera”, más allá del borde, incluyendo el factor cambio climático y sus efectos en la tierra y el mar, así como también para proteger muchos servicios ecosistémicos que allí se producen. 

Pero por cierto hay temas asociados que también repercuten fuertemente en la agenda ambiental.

Están los cambios legales que a nivel del Código o la Constitución buscan que el agua deje de ser tratado como un bien económico y sea, por fin un derecho humano.

Lo mismo pasa, por ejemplo, con el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, pues es cada vez más urgente un ente estatal que fije política pública y redefina una política forestal para el Chile de este siglo, caracterizado por la escasez hídrica y el cambio climático. 

Otro tema que indirectamente se relaciona con el problema ambiental es la iniciativa ingresada recientemente por el Ejecutivo con el objetivo de crear el ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que aunque declara “promover un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente, que sea base del desarrollo regional y rural”, para otros se parece más a una suerte de Pro Chile con rango ministerial.  

En lo pendiente ciertamente persistirá el fantasma del Acuerdo de Escazú, que el gobierno sigue empecinado en no ratificar, pese a que Chile fue uno de sus promotores.

La COP25 que no se pudo realizar en Chile, también nos deja como asuntos no resueltos las metas de reducción de emisiones, el papel de la ciencia, recursos para desastres naturales y el mercado de carbono. 

No olvidamos que hay muchos otros temas, de carácter permanente que seguirán siendo parte de la agenda ambiental 2020.

Las zonas de sacrificio que siguen con pocos cambios, la discusión sobre el proyecto de protección de glaciares, la propuesta ciudadana de tener un parque nacional en la región metropolitana, la descarbonización de la matriz de generación eléctrica y la necesidad de que tras años de ser aprobada la norma, se publique el reglamento de la ley de servicios sanitarios, que los comités de APR esperan y necesitan. 

En esa misma línea, la postergada actualización de la ley de servicios sanitarios, debe ser una prioridad. Episodios como la crisis sanitaria de ESSAL en Osorno, cuya revocación de concesión aún no se resuelve, y la contaminación por parte de la misma empresa, de los lagos Llanquihue y Panguipulli, son una muestra reciente y palpable de esa urgencia. 

Y, sin duda, el aspecto medioambiental de la convivencia social será también un tema que empezará a ocupar el espacio que le corresponde en la mesa del debate sobre la nueva Constitución. Confiamos en que muchas leyes que se aprueben hasta tener la nueva carta magna ayuden a avanzar y resolver muchos de estos temas pendientes, algunos de ellos obstaculizados por la vocación binominal del oficialismo que bloquea todo aquello que no quiere o desconoce.

Para lo restante, trabajaremos por aprobar el plebiscito en abril y luego elegir una convención constituyente que esté a la altura de los desafíos que tiene y tendrá el Chile del siglo XXI.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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