¿La tormenta perfecta?

Entre las prisas y resacas de principios de año, hubo poca notoriedad para la aprobación - el pasado 2 de enero, en la comisión de minería y energía del Senado - del proyecto de Ley de Carretera Eléctrica.

Si bien se trata solo de la primera fase, pues el proyecto será visto prontamente en la sala, para iniciar luego su discusión en particular, es relevante que cuatro de los cinco senadores integrantes se pronunciaran a favor y solo uno, el senador José Antonio Gómez, se abstuviera, dando con ello una mala señal sobre lo rápido que puede llegar a concretarse esta iniciativa gubernamental.

De ocurrir esto, tendríamos a un sector de la economía nacional con una legislación que le da preeminencia sobre el resto y, ciertamente, sobre los ciudadanos comunes, pasando por alto consideraciones ambientales que se lograron tras años de lucha en el mismo Parlamento.

Y es que la carretera eléctrica es un proyecto de ley que permite al Estado decidir cuáles de las líneas de transmisión que les presenten los privados serán de interés público, las que después podrán ser impuestas sobre los territorios, sin posibilidad de negociar un cambio al trazado.

De esta forma, los afectados, ya sean comunidades indígenas (recordemos el Convenio 169 OIT), grandes y pequeños agricultores, lecherías, parques nacionales, municipios, emprendimientos turísticos, entre otros, tendrán que aceptar las compensaciones que la empresa plantee con un comité de tasadores, en la medida que no hay posibilidad de oponerse a un trazado de “interés público”.

Pero además la gran diferencia con las obras viales concesionadas es que este trazado se le entrega a los privados a perpetuidad, como ocurre hoy con los derechos de agua.

Dicha medida perfectamente puede ser definida como anti-constitucional, porque nuestra carta fundamental establece el principio de igualdad ante la ley, no solo entre una comunidad y una empresa, sino que también entre distintos emprendimientos productivos. Adicionalmente resulta discriminativa, porque el gobierno entregará a las empresas de transmisión eléctrica caminos hechos, sin la obligación de evaluarlos ambientalmente (incluso al tratarse de áreas silvestres protegidas) y sin la posibilidad de que los afectados lleven el caso a tribunales en forma igualitaria.

Para empeorar las cosas, el proyecto implica un traspaso al cliente final de hasta un 75% del costo de las líneas de transmisión. Es decir, la ciudadanía terminará subsidiando a las grandes mineras y a las grandes generadoras, que obtuvieron de forma gratuita los terrenos para sus trazados.

El gobierno, a través del ministerio de Energía, ha defendido estas medidas, aludiendo a la escasez energética tanto actual como futura del país.Pero ha obviado el hecho de que, por una parte, Chile ya tiene aprobados 15 mil MW para los años venideros (sin incluir HidroaAysén y sin considerar medidas más costo-efectivas como la eficiencia energética), y que la demanda proyectada es para solventar la expansión minera del norte, lo que demuestra que la necesidad de interconexión SIC-SING, agilizar las concesiones y proyectar los trazados, tiene un propósito comercial unilateral y no de bien común.

Esta verdadera “tormenta perfecta” tiene pocos pero importantes actores: el primero, un sector energético que entendió, a raíz de las crecientes protestas ciudadanas, que la institucionalidad ambiental del país, aunque débil, es un freno para sus aspiraciones. En base a eso, pidió al gobierno establecer un mecanismo para facilitar la concreción de futuros proyectos y evitar, de paso, seguir con la “judicialización”.

El segundo actor es el Ejecutivo, que respondió con estas dos iniciativas de Ley (Carretera y Concesiones) que entregan la posibilidad de saltarse varios permisos sectoriales y ambientales --algo que se intentó ya en gobiernos anteriores-- y las presenta ante la opinión pública con dos atractivos ganchos publicitarios: su carácter de “pública”, es decir, una ley donde el Estado toma cartas en la energía, asumiendo supuestamente un rol “planificador” y, por otra parte, como una iniciativa favorable para el fomento de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Sin embargo, tanto la asociación de industrias de energías renovables ACERA, como el mismo gerente general de GDF Suez, recientemente declararon que no favorece la inclusión de estas iniciativas por un tema de diferencias de voltaje y porque la transformación requerida encarece aún mas los proyectos.

El último actor es la fecha en que está sucediendo todo: con las vacaciones en mente y 35 grados azotando la zona central, es poca la atención que la ciudadanía presta a estos temas, bastante técnicos y complejos.

A esto se suma que ambos proyectos - carretera eléctrica y concesiones eléctricas- están con urgencia suma y se proyecta una inminente votación que podría dejarlos aprobados antes de febrero.

Y esa es quizás la parte más peligrosa. En un sistema como el chileno, donde sólo el escándalo hace enfocar la mirada ciudadana sobre cosas que han estado ocurriendo mal por años (Ley de Pesca, Acreditación de Universidades, la Polar y un largo etcétera), es difícil resumir en pocas palabras los efectos nefastos de estas leyes sobre la economía nacional y sobre el territorio como para alcanzar a alertar a la población sobre el efecto devastador que ambas leyes ocasionarían.

Esperamos que los parlamentarios, sobre quienes la ciudadanía ha depositado su confianza, y que este año esperan contar con su voto, representen adecuadamente los intereses de todos los chilenos y chilenas, al momento de votar.

Vale la pena sopesarlo, ya que las promesas electorales del Ejecutivo en esta materia no se han alineado con las acciones efectuadas en los tres años de gobierno ya transcurridos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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