La preocupación de la ciudadanía sobre medioambiente llegó para quedarse. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente realizada el 2017, este tema pasó de un quinto a un tercer lugar dentro de las inquietudes de los chilenos. Junto con ello, es admirable que un 95% apruebe la prohibición de uso de bolsas plásticas en el comercio y esté dispuesto a regular los plásticos de único uso o la protección de los humedales; cuestión impensada hace menos de una década.
Considerando que éstas son iniciativas de política pública que apuntan en la dirección correcta y que además son ampliamente apoyadas por la ciudadanía, resulta clave que sean profundizadas a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil (OSC). Esta articulación es clave para promover, apoyar e incentivar este tipo de medidas. Al mismo tiempo, es fundamental si lo que se quiere es involucrar a la sociedad civil como el actor más relevante en la adaptación al cambio climático.
De acuerdo con el estudio de “Comprometidos con Chile” del proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC, en nuestro país existen más de 234 mil OSC que movilizan a 1.9 millones de voluntarios.
Son un sector relevante en materia de empleo, generan más de 300.000 puestos de trabajo y representan un 2,1% del PIB nacional. Sin embargo, aquellas con fines medioambientales representan sólo un 0.9% del total.
Esto último se puede explicar porque, a diferencia de otras áreas como la cultura o el deporte, no existen incentivos para profundizar en el apoyo a la acción por el clima y la biodiversidad mediante donaciones.
Hoy, la realidad es que existen más desincentivos que estímulos, si una persona natural decide donar, debe tributar hasta el 25% del monto por impuesto a la herencia y, en caso de que se trate de una persona jurídica, su aporte será gravado con una tasa de un 40%.
Por lo mismo es que junto a un grupo transversal de diputados presentamos, a fines de enero, un proyecto de resolución para favorecer las donaciones con fines ambientales.
En éste se pide al Ejecutivo incluir la protección del medioambiente como causa para aportar, otorgando un beneficio tributario para el contribuyente.
Esto podría realizarse por la vía de una modificación a la ley de Rentas Municipales y también modificando la “Ley Valdés”, que ha demostrado ser un gran aporte para el desarrollo de la cultura, la educación y el deporte. Creemos que, en un futuro cercano, se podría replicar este modelo exitoso en beneficio del medio ambiente.
Buscamos impulsar el crecimiento de las OSC que promuevan la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
El futuro y el resguardo de nuestro planeta requiere de políticas públicas y prácticas medioambientales acordes al tamaño del desafío que enfrentamos.
Este será un primer paso, decidido pero imperfecto. En el futuro, será necesario construir una ley de Filantropía Ambiental, para favorecer esta cultura que en Chile casi no existe y que se hace cada vez más necesaria, dadas las características únicas de biodiversidad que posee nuestro país.
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