Organizaciones de usuarios: la importancia de informar
La gestión de las aguas es un área compleja, por lo que es necesario contar con información mínima de los derechos de aprovechamiento de aguas para avanzar hacia la gestión integrada de los recursos hídricos. En Chile existen organizaciones privadas sin fines de lucro que administran las aguas en el territorio, las denominadas Organizaciones de Usuarios (OU), que distribuyen de acuerdo a la fuente natural y/o de acuerdo al tipo de infraestructura que las reúne.
En la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas hay 3.629 OU registradas: Juntas de Vigilancia, organizaciones que tienen potestad sobre las aguas superficiales y subterráneas de una misma cuenca; Asociaciones de Canalistas, con jurisdicción sobre canales; y las Comunidades de Aguas.
El Código de Aguas establece que estas organizaciones tienen deberes y atribuciones que deben cumplir de acuerdo a la normativa vigente, entre ellas, destaca la obligación anual de informar el Registro de Comuneros. El cual contiene antecedentes clave para avanzar en seguridad hídrica, ya que permite tener claridad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas existentes y certeza para una mejor gestión del recurso hídrico en términos de disponibilidad y distribución de las aguas.
Recordemos que los derechos se tranzan, venden o heredan; mutan continuamente y los usuarios deben registrar esos cambios en los Conservadores de Bienes Raíces y en la DGA, por eso la necesidad que cada Organización de Usuarios actualice los derechos de aprovechamiento de aguas que administra.
EL 77% de las OU registradas en la DGA se encuentra entre las regiones de Coquimbo y Biobío, justamente, zonas que se ven continuamente afectadas por el cambio climático, ya sea por la escasez hídrica o bien por inundaciones.
Durante el 2024, sólo 23% de las OU registradas cumplió con el deber de informar el Registro de Comuneros. Si desglosamos por tipo de organización, las Juntas de Vigilancia alcanzaron un nivel de cumplimiento de 81%, esto es, 46 de 57 organizaciones remitieron antecedentes. En el caso de las Comunidades de Aguas Subterráneas cumplieron en 60%, es decir, 9 de 15 organizaciones informaron el Registro de Comuneros, pero consideremos que el universo es bastante pequeño. Mientras que las Comunidades de Aguas Superficiales presentaron la mayor brecha de información, con un 20% de cumplimiento, es decir, solo 660 comunidades de 3.327 enviaron los antecedentes solicitados. Por último, las Asociaciones de Canalistas alcanzaron 53% de cumplimiento.
La DGA tiene la atribución de ejercer la policía y vigilancia de las aguas, por lo que, en 2023, se iniciaron 65 expedientes de fiscalización por incumplir con el deber de informar el Registro de Comuneros. De esta manera, el 75% -48 organizaciones- fue objeto de multas, mientras que el 2024, se abrieron 21 expedientes, de los cuales en 10 se constató infracción y se aplicaron multas correspondientes.
Lo hemos dicho antes, nuestro fin no es recaudar recursos para el Estado, sino que impulsar que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, y en este caso, las organizaciones de usuarios que los representan, cumplan con la normativa actual.
Este 2025 es la oportunidad de enmendar el rumbo, ya que el no entregar información en la forma y oportunidad dispuesta por la DGA, implica una infracción al Código de Aguas sujeta a fiscalización y sanción monetaria. Cuando las reglas se cumplen, todo es mejor: más información para avanzar en seguridad hídrica y la posibilidad de enfocar los recursos humanos y técnicos de la DGA en necesidades más urgentes.
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