¿Producir o proteger? El caso de la biodiversidad

La discusión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha reactivado una añeja discusión respecto de la complementariedad que pueden tener dos conceptos a primera vista antagónicos: el fomento productivo y la protección de la naturaleza.

Esto en teoría ya debería estar resuelto a partir de la generalización del desarrollo sustentable como paradigma de desarrollo moderno, que entiende estas acciones como complementarias.Sin embargo, en el día a día persisten visiones que plantean lo incompatible de ambos objetivos sobre el territorio.

En el caso del proyecto de biodiversidad, surgen voces que justifican la creación de un nuevo servicio dependiente del ministerio del Medio Ambiente, aduciendo la inconveniencia de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf), una entidad según ellos orientada al fomento productivo, esté a cargo de las áreas protegidas y por lo tanto de la principal herramienta de conservación de la diversidad biológica en el país.

Esta visión separatista es defendida por quienes entienden la protección de la naturaleza como un objetivo en si mismo, alejado de los objetivos generales de desarrollo de un país. A esta visión le falta mayor reflexión y entender que no todas las actividades productivas pueden ser analizadas desde un único enfoque.

En el caso de los bosques, éstos albergan el 80% de la biodiversidad terrestre del planeta.Por lo tanto, cualquier iniciativa de protección de la biodiversidad debe considerar a los bosques como objetivos prioritarios de conservación.

Sin embargo, junto con lo anterior, son recursos naturales claves para aportar al bienestar humano a través de la provisión de bienes como la madera, los productos no madereros, alimentos y servicios ambientales tan esenciales como la provisión de agua, la captura de carbono o la protección del suelo. Los bosques, a su vez, poseen variadas estructuras de propiedad, desde mayoritariamente públicos en algunos países, pasando por una tenencia mixta (es el caso de Chile), hasta un propiedad mayoritariamente privada.

Todo lo anterior configura un complejo escenario para el diseño de políticas públicas que busquen compatibilizar los objetivos de producción y protección.

Los bosques, finalmente, no pueden ser separados en forma simplista, elaborando leyes en ejercicios teóricos que no integren variables económicas, sociales, ambientales, territoriales, culturales, los usos históricos de los recursos, las demandas sociales de sus propietarios, o amenazas externas como el cambio climático y el cambio de uso del suelo. Los bosques no permiten una separación tan gruesa y eso es lo que muchos no quieren o no pueden entender.

En teoría, señalan algunos, un Servicio de Biodiversidad administrado por el ministerio del Medio Ambiente, sería más eficiente que la actual administración que ejerce el servicio forestal del Estado. La eficiencia estaría dada porque el servicio forestal, al estar orientado al fomento productivo, privilegiaría las metas de producción por sobre las metas de protección.Esta, sin embargo, es una afirmación genérica que no es fácilmente comprobable (y de hecho no está comprobada).

Dado que 70% de los bosques en Chile no están bajo protección oficial en parques o reservas, la misma teoría indicaría que el ministerio del Medio Ambiente debería hacerse cargo (regulando su uso) de todos los bosques en Chile: públicos y privados, dentro y fuera de las áreas protegidas. Sólo así la biodiversidad tendría el nivel de prioridad que se pretende.

Pero… ¿dónde están los especialistas en bosque nativo y de su biodiversidad asociada? Naturalmente en el servicio forestal del Estado y no en el ministerio del Medio Ambiente.

¿Especialistas en qué? Naturalmente en protección y producción, es decir, en manejo forestal sustentable. ¿Cómo ejerce el manejo sustentable el servicio forestal? Bueno, a través de leyes sectoriales como la ley de Bosque Nativo que posee en su artículo 19 una poderosa herramienta de protección de la biodiversidad.

Finalmente, quienes afirman con seguridad que un traspaso de las áreas protegidas al ministerio del Medio Ambiente aseguraría una protección más eficiente de la biodiversidad al estar separados los componentes de producción y protección, harían bien en revisar el caso de la tramitación ambiental de la ampliación de la mina Cerro Colorado de BHP Billiton.

Este caso enfrenta en la actualidad al ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier con el senador Fulvio Rossi, debido al despido del Seremi de Medio Ambiente por insistir en un rechazo del proyecto y acusaciones del mismo Seremi respecto a presiones ejercidas desde Santiago por facilitar su aprobación.

Nadie podría señalar a la luz de estos antecedentes que el ministerio del Medio Ambiente está libre de presiones o que no le preocupa el fomento productivo, en este caso el fomento a la minería. Por otra parte, los procesos de evaluación del SEA están llenos de denuncias de presiones a la hora de votar la aprobación de los proyectos.

¿Están acaso separados los componentes de protección y producción en la evaluación del SEA? ¿Están separados los componentes de protección y producción al elaborar normas de emisión? Pareciera que no.

La abstracción simplista de la separación solo plantea expectativas inexistentes en aquellos que creen que la mejor estrategia para proteger la naturaleza es enajenándola y alejándola de las personas y de sus necesidades.

Esa visión es una renuncia a pensar políticas públicas de protección integradoras que, entendiendo la importancia de conservar la biodiversidad, la consideran un recurso esencial para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Esta es precisamente la visión de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que Chile suscribió hace veinte años.