Restableciendo el Estado de derecho

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que paraliza el proyecto Castilla, la justicia chilena ha dado un paso relevante hacia el resguardo del estado de derecho en el país, pues ha reconocido el derecho constitucional de la comunidad agrícola de Totoral a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Su acción frena además la medida ilegal y arbitraria del Seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien, en contradicción a los informes técnicos de sus propios funcionarios, cambió la caracterización del megaproyecto de ocho centrales termoeléctricas (2.100 MW) de “contaminante” a simplemente “molesto”, sin ningún fundamento técnico que lo avales, y con el único propósito de compatibilizar el megaproyecto con el plan regulador de la zona, que impide las actividades polucionantes.

El fallo, en consecuencia, anula el permiso sectorial, dejando sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto, con lo cual reafirma el vicio que se produjo en la aprobación del mismo.

La eventual realización de Castilla, de la empresa brasileña CGX, propiedad del millonario carioca Eike Batista, implica la instalación de 8 centrales (6 a carbón pulverizado y 2 a petróleo diesel), además de un puerto para descarga de carbón, una red de construcciones y caminos, y un deposito de cenizas toxicas de 100 hectáreas.

Su realización representa un gran impacto ambiental y económico sobre la salud y la agricultura de la comunidad de Totoral; conlleva además la contaminación por azufre, metales pesados y cenizas del Sitio Prioritario de Biodiversidad “Punta Cachos”; y supone una degradación irreversible del medio marino y de la pesca artesanal del área debido a la succión de agua para enfriar las centrales y devolución al mar de agua caliente con componentes químicos anti-fueling (alguicidas), que destruyen el fito y zoo-plancton que alimenta las especies marinas.

A nuestro juicio, la noticia de este fallo adverso a la aprobación ambiental de un mega proyecto de generación a carbón es esperanzadora; no sólo porque un poder del Estado (el Judicial) ha restablecido el orden legal que otro (el Ejecutivo) había violado; sino porque permite al país observar cómo los diversos poderes del Estado deciden sobre las reglas del “bien común”.

Finalmente, tal como ha recomendado la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Política y Matriz Eléctrica (CCTP), y como reconoció el mismo presidente Piñera en su Estrategia Energética (dada a conocer la semana pasada), Chile debe reducir y dejar atrás las formas de generación sucias, por su contaminación local y altas emisiones de gases de invernadero para dar espacio a la eficiencia energética y a tecnologías limpias, compatibles con el desarrollo nacional y la voluntad de las regiones.

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