Una minga para el trauco

El 1º de marzo pasado publicamos aquí la columna “Un nuevo adefesio ilegal : ahora en Castro”, en donde dimos cuenta del monstruo constructivo llamado mall ejecutándose al margen de las disposiciones urbanísticas contenidas en el permiso de edificación otorgado por la directora de obras municipales.

En esa columna instábamos al alcalde en orden a que aplicara la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para que se demoliera todo lo ilegal, agregando que, si esa autoridad local por timidez u otra razón se resistía a ejercer sus atribuciones, le correspondía actuar en consecuencia al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos: para ello indiqué los números de los artículos de la LGUC que se referían a la materia específica.

Como la empresa Pasmar, titular del proyecto, continuaba edificando sin obedecer unas cuantas paralizaciones de faenas impartidas por el municipio, lo que considerábamos bastante grotesco, el 2 de marzo pasado le enviamos un correo electrónico a dicho alcalde, con copia a la directora de obras con el propósito de que, haciendo valer sus potestades, forzaran al díscolo privado a enmendar el rumbo.

Tampoco pasó nada, el empresario extranjero de apellido Mosa dueño del negocio, continuaba campante construyendo con la influyente empresa SalfaCorp, la misma que está levantado el polémico y también ilegal Costanera Center en la comuna de Providencia.

Por ello, el 6 de marzo pasado denunciamos el caso en la Contraloría General de la República para que, en conjunto con la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado, investiguen lo que está aconteciendo con aquél proyecto que rompe la escala de la zona patrimonial en donde se emplaza.

Después supimos que el Concejo Municipal de Castro había decidido convocar a una consulta ciudadana no vinculante para que los habitantes de esa ciudad opinaran sobre el adefesio.

Sostenemos que tal ejercicio democrático se debió haber realizado antes del otorgamiento del permiso y con anticipación a la modificación del Plan Regulador Comunal para ese sector estratégico de la ciudad, cambio que, por lo demás, fue un traje a la medida del inversionista del mall.

Pues bien, nos preguntamos cuales serán las preguntas de la extemporánea consulta, ya que, como lo dijimos, la desobediente empresa Pasmar sigue construyendo, haciendo caso omiso de las paralizaciones de faenas dictadas por la autoridad competente.

Por tal motivo el caso está radicado en el Juzgado de Policía Local de Castro y el alcalde Nelson Águila, en la práctica, se ha declarado incompetente para firmar el Decreto que posibilitaría la demolición de todas las superficies que violan el permiso, asunto incomprensible para todos aquellos que dicen promover y respetar el Estado de Derecho y por lo tanto el apego a las leyes y reglamentos vigentes.

La gente de esa ciudad tiene legítimo derecho a disponer de un centro comercial y recreacional grande para adquirir ciertas mercancías, evitándose así los largos, caros y tediosos viajes a Puerto Montt, como muchos lugareños lo han manifestado con fuerza en las redes sociales y en las ocasiones en que han sido entrevistados por la prensa.

Lamentablemente las autoridades locales no tuvieron la visión necesaria para convencer al titular del proyecto que el lugar elegido por éste era muy inadecuado por los impactos viales, urbanísticos y ambientales que produce.

El Colegio de Arquitectos de Chile, en conferencia de prensa del viernes 9 de marzo pasado, reclamó airadamente sobre este despropósito exhortando al ministro de Vivienda y Urbanismo, en orden a que es urgente el cambio normativo para que las ciudades se desarrollen civilizadamente respetándose sus valores patrimoniales y con efectiva participación ciudadana.

Por el contrario, la Cámara de la Construcción, asociación gremial empresarial cuyo único objetivo es intervenir permanentemente ante los gobiernos de turno solicitando prebendas de todo tipo para su sector, no ha dicha nada durante la discusión pública que ya lleva más de 3 semanas. Su mudez la refleja de cuerpo entero.

El ministro Pérez Mackenna dice que la cuestión que nos preocupa tiene que ser resuelta por la municipalidad de Castro, olvidando que son sus representantes en las 15 regiones del país, llamados Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), los que deben exigir el cumplimiento del marco regulatorio, cuando las municipalidades no ejercen su roles.

El Seremi de la región de Los Lagos, quien debió actuar oportunamente, aún no ha tomado iniciativa alguna para que el díscolo privado se enriele por la senda del bien y por ello el lunes 12 de marzo pasado le pedimos que procediera.

En resumen, en nuestra opinión, el problema no es tanto el desproporcionado mall, sino su incorrecta localización y por ello, independientemente del resultado de la futura consulta, estimamos que la situación engorrosa que se vive allí se resolverá cuando el desvergonzado trauco de concreto armado sea trasladado con la tradicional minga chilota al espacio abierto y propicio inmediatamente afuera de la ciudad para que el empresario Mosa plasme, sin contratiempos ni críticas de nadie, su productivo negocio de retail.