¿Una nueva Conaf fortalecida o debilitada?

Julio Torres

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Uno de los impactos del megaincendio del verano pasado, fue el convencimiento por parte del gobierno de la necesidad de contar con una Conaf pública. El proyecto de ley para lograr aquello ingresó al Congreso en abril de este año y desde esa fecha distintas organizaciones han expuesto ante la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, manifestando sus opiniones respecto a dicho proyecto.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las intervenciones, se puede afirmar que una de las discrepancias más visibles es sobre si el nuevo Servicio Forestal será una versión fortalecida o debilitada respecto a la Conaf con que cuenta actualmente el país.

En efecto, parece un comentario generalizado entre quienes han opinado, que el nuevo Servicio Forestal constituirá una versión debilitada respecto a lo que contamos actualmente. Este debilitamiento se explica básicamente por la eliminación de las atribuciones referidas a la conservación de la biodiversidad en el actual proyecto de ley (Artículo 2, inciso cuarto).

En la vereda opuesta, el gobierno insiste en plantear que el proyecto fortalecerá el accionar del servicio, ya que integrará nuevas temáticas (por ejemplo, dendroenergía, cambio climático y encadenamientos productivos a partir de recursos forestales) y que al ampliar su accionar a todas las formaciones vegetacionales, extiende su responsabilidad más allá de los bosques, lo que a la larga redunda en un fortalecimiento de su labor.

¿Es efectivo que la incorporación de nuevas atribuciones debe leerse como un fortalecimiento del nuevo servicio forestal?

Lamentablemente no es efectivo.

Todo fortalecimiento institucional siempre es relativo. Dependerá de que las nuevas temáticas incorporadas tengan aseguradas su fuente de financiamiento, o de que se promulguen leyes para dotarlas de instrumentos de gestión. Esa coherencia rara vez se da en nuestra institucionalidad. Por lo mismo, la suma de nuevas temáticas o la incorporación en su organigrama de nuevas unidades (como la Unidad de Dendroenergía), no conllevan necesariamente un fortalecimiento de la gestión pública en dichos temas.

Respecto a la hipótesis de que las atribuciones del servicio se fortalecen al considerar ya no sólo los bosques, sino todas las formaciones vegetacionales del país, pasando de aproximadamente 27 millones a más de 40 millones de hectáreas sobre las que ejercerá una gestión, nos parece que la afirmación es engañosa y no debe ser aceptada con credulidad.

La mera ampliación territorial del accionar de un servicio no es un indicador de fortalecimiento, ya que nuevamente lo que importa es la existencia de instrumentos de gestión y financiamiento. Los instrumentos de gestión con que actualmente cuenta Conaf están consagrados en la Ley de Bosque Nativo y se orientan a los bosques y las formaciones xerofíticas, no a las formaciones vegetacionales en sentido amplio.

Por otra parte, cuando afirmamos que el proyecto consagra un debilitamiento institucional, nos basamos en el hecho que, cuando un servicio público ve eliminada alguna de sus funciones o bien se traspasan a otro servicio, como es el caso del traspaso de las funciones de conservación de la biodiversidad, este cambio no tiene una doble interpretación o un contexto de condicionalidad financiera. Se traspasan las funciones y punto. Ahí se acaba tu participación en esa temática.

En este caso el nuevo Servicio Forestal, por mandato de la ley, dejaría de realizar labores asociadas a la conservación de la biodiversidad de las formaciones vegetacionales, entre estas formaciones se encuentran los bosques nativos, que albergan el 80% de la biodiversidad terrestre. En el derecho público un servicio sólo puede hacer lo que se le está permitido hacer, por lo tanto, la participación en la conservación de la biodiversidad de los bosques quedaría descartada.

¿Se puede impulsar el manejo forestal sustentable de los bosques sin abordar la conservación de la biodiversidad? Todo especialista forestal debería responder que no.

Por otra parte, el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se está tramitando en forma paralela en el Senado, contempla la creación de una batería de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad, que son de aplicación tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a través de estos instrumentos de gestión, dicho servicio tendrá atribuciones para regular la protección y el uso sustentable de las formaciones vegetales que estén en condición de amenaza o degradación. Es importante destacar que la mayor parte del bosque nativo está en diferentes grados de amenaza o degradación, lo que supone que la decisión última sobre la gestión de estos ecosistemas forestales dependerá del ministerio del Medio Ambiente, en colaboración o consulta con el nuevo Servicio Forestal.

¿Esto debe entenderse como fortalecimiento o debilitamiento del nuevo Servicio Forestal?

A nuestro juicio esto significa un claro debilitamiento de las funciones de conservación y manejo sustentable de los bosques por parte del nuevo Servicio Forestal. No creemos que pueda haber dos lecturas sobre esto.

El nuevo Servicio Forestal no solo deberá entregar la administración de las áreas protegidas del Estado, sino también deberá compartir con el ministerio del Medio Ambiente la gestión de los bosques nativos (y de otras formaciones vegetacionales) que se encuentran fuera de las áreas protegidas.

Esta condición se daría cada vez que el Servicio de Biodiversidad realice declaraciones de ecosistemas amenazados o ecosistemas degradados y aplique las regulaciones que esa declaración le otorgue, entre ellas, la fiscalización de la aplicación de la mismísima Ley de Bosque Nativo. Esto se realizará mediante los denominados convenios de encomendamiento de funciones, en los que el Servicio Forestal deberá delegar sus propias funciones y responsabilidades a este nuevo Servicio de Biodiversidad.

Dado el análisis anterior, resulta inexplicable que el gobierno insista en que el actual proyecto de ley que se discute en el Congreso conlleva un fortalecimiento del futuro Servicio Nacional Forestal.

La necesidad de contar con una Conaf pública no puede darse al altísimo costo de ver cómo se eliminan funciones que constituyen el corazón de lo que ha sido históricamente esta institución.

Aún estamos a tiempo para modificar esto.