Una verdadera reforma al sistema de evaluación ambiental

Daniel Melo

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Hace algunos días, mientras se discutía una propuesta para que los proyectos de antenas celulares fueran evaluados ambientalmente, las autoridades de gobierno con competencia en estos temas, además de alinearse ciegamente con el esperable rechazo a la idea por parte de los futuros regulados, recomendaron a los y las diputadas presentes en la Comisión de Medio Ambiente, en palabras simples, no perder el tiempo en iniciativas de este tipo pues, aunque ingresaran a evaluación ambiental, serían aprobadas igual.

Tal cual.

En casi tres años en la Comisión de Medio Ambiente, además de mi participación en Comisiones Investigadoras, he visto de todo.

Proyectos fraccionados de manera grosera y evidente, Rancagua Express e Isla Riesco; registros de participación ciudadana que nunca tuvieron lugar, Cardones-Polpaico; proyectos aprobados en base a consideraciones políticas y contra la opinión técnica de los servicios, Doña Alicia de Curacautín; solicitudes de reapertura de procesos de participación ciudadana rechazados, porque se “retrasarían los proyectos” Wal-Mart. En fin.

Las situaciones descritas son reiteradas y han sido denunciadas desde la génesis misma de nuestro Sistema de Evaluación Ambiental, y por ello, los trabajadores de los servicios públicos con competencia ambiental junto a personas, académicos, organizaciones civiles y parlamentarios de todo el espectro político, hemos entregado a la ciudadanía y al Gobierno una propuesta de reforma al sistema de evaluación ambiental.

Buscamos con ella hacer frente a dos hechos que consideramos indesmentibles.

Primero, la institucionalidad ambiental ha fallado gravemente en garantizar que la voluntad de la ciudadanía sea considerada a la hora de aprobar o rechazar un proyecto.

Segundo, la normativa vigente deja amarrado de manos al Estado para cumplir con su mandato de preservar la Naturaleza y, aúnmás, en los casos en que puede intervenir, lo hace en aras de consideraciones políticas y no técnicas.

Para solucionar este estado de cosas, hemos propuesto 4 grandes lineamientos que apuntan a realizar una reforma radical y profunda a las bases mismas que sustentan el Sistema de Evaluación Ambiental.

En primer término, el procedimiento ambiental no puede continuar como un trámite administrativo más y, en consecuencia, cualquier cuerpo normativo nuevo que se proponga debe ser consistente con principios básicos ambientales como prudencia, participación, equidad, responsabilidad y sustentabilidad.

Pensamos en un Servicio Ambiental activo en la defensa del patrimonio natural del país, que pueda decir no a un proyecto si la comunidad se opone o proponerle alternativas al titular; donde en todo el proceso se sienta la presencia de lo público, como ocurre con el Servicio de Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo, pues lo que se está cautelando es sentido como propio y a la vez común de todos los chilenos y chilenas.

Sostenemos también que tal y como existe todo un mecanismo de protección ante cualquier contaminación política en áreas como el control de los actos públicos o el manejo de la inflación, debiéramos avanzar hacia un órgano evaluador independiente e incluso autónomo, de manera tal que la decisión ambiental siempre se sustente en criterios técnicos.

Finalmente, creemos que debemos estudiar el alcance de los permisos ambientales que concedemos. Estos han devenido en perfectos, eternos e inmutables, mientras que la más mínima cautela nos obliga a pensar en mecanismos que permitan su evaluación permanente y, llegado el caso, declarar su caducidad.

Esperamos que el Gobierno presente, a la brevedad, un proyecto de ley que reforme el Sistema de Evaluación Ambiental, pues cuenta con insumos más que suficientes para ello y solo resta la decisión política.

De momento, tanto la OCDE como la Comisión Asesora Presidencial constituida para estudiar una reforma en esta materia, son consistentes con nuestro diagnósticos y propuesta de dar garantías efectivas de una participación ciudadana real en las evaluaciones ambientales, así como, de la necesidad de revisar de manera efectiva miles de Resoluciones de Calificación Ambiental de las que nadie está seguro hoy en día.

Mientras, en la Comisión de Medio Ambiente, estamos estudiando variosproyectos que contienen propuestas de reformas al SEA los que, conjugados, con lo establecido en la propuesta que hemos suscrito junto a los trabajadores públicos ambientales de este país y las organizaciones de la sociedad civil, podemos refundir en una moción parlamentaria que permita que esta discusión se dé donde se debe dar que es el Parlamento de la República.

No resulta improcedente recordar que tanto la Reforma al Código de Aguas, como el proyecto de Ley de Glaciares fueron de iniciativa parlamentaria, a lo cual el Ejecutivo presentó las indicaciones necesarias para darle integralidad a las dos principales reformas ambientales que se están debatiendo hoy en el Congreso, las cuales junto a la reforma al SEIA, sean aprobadas durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, si así lo permite el ministerio de Hacienda.