El antiterrorismo no puede ser reactivo

El atentado explosivo a la comisaria de Huechuraba y la entrega de un paquete bomba en las oficinas del ex ministro y hoy directivo de Quiñenco Rodrigo Hinzpeter, junto con crear un clima de temor e incertidumbre en la ciudadanía, ha abierto una oportunidad al Gobierno para poner presión a la idea de despachar con urgencia un conjunto de modificaciones a la ley antiterrorista.

No hay duda en cuanto a que el terrorismo constituye una amenaza relevante en el mundo actual. Tampoco las hay respecto de lo poco preparados que estamos como país para hacer frente a estos hechos. Que sendas bombas llegaran, por la vía de Correos de Chile, hasta los escritorios de un ex ministro y de un oficial de la policía uniformada da cuenta de esta realidad.

Así como la sociedad ha cambiado, las formas de atacar a la sociedad o a sus instituciones también ha mutado. Ya no son los mismos objetivos ni métodos de décadas atrás.

El espacio de lo virtual también se ha convertido en un nuevo campo de operación para estas organizaciones y tanto la justicia penal como las policías necesitan adaptar su labor de investigación y persecución a esta nueva realidad.

De hecho, en diversas partes del mundo ha habido ataques cibernéticos a hospitales que no pudieron operar si no se pagaba una suma de dinero para rescatar la información.

El problema no se limita sólo a las ciber-agresiones. Las tareas de propaganda, reclutamiento, adiestramiento, obtención de recursos y comunicaciones son hoy considerablemente más sencillas a través de Internet.

Esta semana, un grupo anarquista se adjudicó los ataques a Carabineros y al ex ministro. Y lo hizo a través de un sitio Web. Ya en 2013 las Naciones Unidas alertaban sobre el uso de la red para promover fines terroristas, señalando que al traspasar las fronteras nacionales, el uso indebido de las nuevas tecnologías amplifica el efecto potencial sobre las víctimas.

Es cierto, Chile requiere modernizar su legislación en materia antiterrorista. Pero no sólo para extender los límites de las investigaciones desde la concepción tradicional.

A la fecha, existen dos proyectos fusionados - uno proveniente de la administración Bachelet y otro de autoría de senadores oficialistas-  que modifican integralmente la ley antiterrorista y que ya fueron aprobados en general, sin que hasta el momento exista acuerdo para despachar las indicaciones presentadas tanto por el anterior como el actual gobierno.

En este contexto, en abril pasado el Ejecutivo presentó un proyecto de ley corta que divide la iniciativa en trámite y sólo modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas terroristas, que hoy están reservadas para la ley de drogas.

De aprobarse, se permitiría utilizar interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, agentes encubiertos y agentes reveladores, previa autorización de un juez.

La iniciativa, sin embargo, deja de lado temas fundamentales, pues no se hace cargo de las deficiencias en el funcionamiento de los organismos encargados de la persecución penal ni de los déficit que presenta la ley antiterrorista.

Estamos de acuerdo en que hay que dar mayores atribuciones a fiscales y policías, pero resulta fundamental que al mismo tiempo se fortalezca el control de estas instituciones. Después de los bochornosos hechos que rodearon a la “operación Huracán” esto es más que evidente.

La labor antiterrorista no puede ser reactiva y la oportunidad para mejorar una ley de esta naturaleza no debe quedar reducida al oportunismo. Se requieren propuestas serias y no simples eslóganes como los que escuchamos en la campaña o como las que se lanzan para revertir una encuesta negativa.

Discutir si en Chile hay terrorismo o si sólo se trata de hechos de violencia política no tiene mayor sentido.  Ambos deben perseguirse de igual forma. 

Sin embargo, le haría bien al país abandonar estas etiquetas y contar con una legislación moderna que establezca tipos penales claros y sin ambigüedades, herramientas de investigación y de prueba adecuados, y sanciones fuertes y efectivas, todo dentro del marco del debido respeto a los derechos de las personas y, especialmente, atendiendo a los profundos cambios de las condiciones y los métodos usados por organizaciones antisociales para infundir terror en la ciudadanía.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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