Ahora las FFAA rendirán cuenta de cómo gastan el dinero de todos

Raúl Saldívar Auger

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Que recién en pleno siglo XXI aprobemos en el Congreso Nacional la derogación de la ley reservada del cobre es fiel reflejo de la lenta reconfiguración del Chile pos dictadura. Pues, si bien han pasado casi tres décadas desde que nuestra gente recuperó la democracia, han prevalecido “enclaves autoritarios”, cerrojos que han mantenido una estructura jurídica casi inamovible, ejemplo claro de esto es el privilegiado trato que han tenido las FFAA en Chile.

Con la aprobación de la derogación de la ley del cobre abrimos recién la discusión sobre la regulación del financiamiento de estas instituciones dentro del marco democrático, pues tengo la profunda convicción de que estas instituciones siempre deben estar supeditadas al poder civil y somos nosotros junto al poder ejecutivo los llamados a aprobar el presupuesto dedicado a Defensa. 

Si bien la ley reservada del cobre tiene origen en 1958 con la ley Nº13.196, es a fines de 1973 - poco tiempo después del golpe de Estado - cuando se le modificó de tal forma que los militares serían quienes administrarían cuantiosas sumas de dinero, auto adjudicándose el 10% de las ventas del cobre.

Es decir, los mismos que mataron al presidente Allende aprovecharon el gran triunfo de éste y del gobierno de la Unidad Popular - la nacionalización del cobre- y lo usaron literalmente como botín de guerra por décadas. 

Dada sus características, no me cabe la menor duda de que la defensa de cualquier Estado requiere de un financiamiento especial, sin embargo, éste debe ser consensuado entre los distintos poderes del Estado pues, soy un convencido de que las FFAA deben estar subordinadas al pueblo y representar sus intereses y no los de una minoría.

La ley del cobre generó incentivos perversos a la corrupción y al despilfarro de estos recursos. En efecto, han salido a la luz pública anomalías y posibles fraudes como el llamado “Milicogate” que muestran la urgente necesidad de regular el financiamiento de estas instituciones. 

Además de lo señalado anteriormente, considero que aprobar la derogación de la ley reservada del cobre debe ser el inicio de una reestructuración profunda de las FFAA. Éstas deben responder a las necesidades de nuestra gente, ser democráticas y dejar de tener su histórico sesgo de clase.

Deben tener una relación estrecha con la gente y sus necesidades, algo muy distinto a la realidad de nuestro país.

En vez de esto, a los militares se les enseña el respeto a entes abstractos como lo son la patria y los valores nacionales. Se les aleja de la comunidad y de nuestra realidad, pues, desde el ingreso a la institución se establece la distinción odiosa y de clase entre quienes ingresan a la Escuela de Oficiales y quienes lo hacen a la de Suboficiales, siendo el punto de partida de una continua discriminación primero entre los mismos miembros de las fuerzas armadas y posteriormente a quienes supuestamente tienen el deber de defender, que es la población civil. 

Tengo la certeza de que todo estado necesita fuerzas armadas, pero estas siempre deben estar subordinadas al poder civil, pues, como señaló Max Weber , es el Estado quien tiene el monopolio del uso de la fuerza al interior del Estado.

Al respecto, considero que esta violencia es legítima sólo cuando representa el sentir de la ciudadanía, por lo que el modo en que se financian nuestras capacidades estratégicas y de defensa deben ser aprobadas por el pueblo y sus representantes. 

El proyecto aprobado establece el carácter especialísimo del financiamiento de las FFAA, al incorporar un fondo plurianual para las capacidades estratégicas de la defensa que incluye el 55% del monto correspondiente a la ley reservada del cobre del 2017.

Además éste se financiará de acuerdo a la ley de presupuestos del sector público y  considera un programa cuatrianual de inversiones, manteniendo de esta forma gran parte de sus privilegios.

Ante esto, resultaría conveniente considerar presupuestos plurianuales para otras materias igual o más importantes como lo son salud, educación y vivienda, sectores que muchas veces se ven limitados por el carácter anual del presupuesto. 

Se creará además, el Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que estará integrado por el ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las fuerzas armadas, un representante de defensa nacional, un representante del ministro de Hacienda, y un representante del Presidente de la República que tiene por finalidad mantener una correcta administración de estos fondos y para abordar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afectara la seguridad de nuestro país, el que también podrá ser utilizado para financiar la reconstrucción en casos de catástrofe, algo muy positivo si se considera que terremotos, aluviones, incendios y otras catástrofes que abundan en Chile. 

Para concluir quisiera decir que más allá de las limitaciones de este proyecto de ley, éste debe ser el primer paso en la construcción de FFAA acordes a la democracia donde los militares dejen de tener un trato privilegiado que sólo ayuda a mantener animadversiones entre la población civil y los militares, ya que mientras en Chile hay personas que aún no tienen alcantarillado, niños que su única comida en el día, es la que reciben en la escuela, mientras personas mueren esperando atención en los hospitales públicos, las FFAA tienen recursos prácticamente inagotables para invertir sin siquiera tener la obligación de rendir cuentas del cómo usan el dinero de todos los chilenos. Hoy, eso está comenzando a ser superado, en buena hora.