Durante las últimas semanas, luego del asesinato de la sargento Olivares, se ha producido una vorágine de declaraciones, luego traducidas en una tramitación "express" de un conjunto de proyectos de ley que tenderían a "hacer más eficiente" la acción de Carabineros.
En ese marco, especial atención ha tenido la "ley Naim-Retamal", que permitiría que los miembros de las policías pudieran usar sus armas de fuego, para disparar ante situaciones que, eventualmente, requirieran de ello y, en esa condición, bastaría la evaluación realizada por el policía, lo que lo eximiría de toda responsabilidad judicial.
La bancada de diputados DC se sumó con mucha rapidez a la propuesta, igualando la "preocupación" de los alcaldes Mathey y Carter, más la derecha política del país que -desde el término de la dictadura- añora lo que en ese tiempo gritaban por las calles: "mano dura Pinochet". Sin considerar, para nada, la preocupación que, sobre el contenido de ese proyecto han hecho organismos internacionales, como Amnistía Internacional y otras.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para América del Sur ha expresado que "no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos"; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado su preocupación.
Sin más, había que legislar a favor de la "legítima defensa privilegiada" para el funcionario policial que diera muerte a una persona, bajo ciertas circunstancias. Así lo entendieron los diputados DC, quienes aprobaron sin mas un proyecto curiosamente también respaldado por el Gobierno que luego, de nuevo, salió a rectificarse, señalando que propondría modificaciones en el Senado.
Lo lamentable es que estos diputados DC, entre los que se cuenta también al presidente del partido, parecen olvidar que uno de los principios esenciales defendidos por la Democracia Cristiana, desde su fundación, es el respeto irrestricto de los derechos humanos, en cualquier circunstancia.
Olvidan, además, que lo que más ha afectado a este partido es la inconsecuencia entre su declaración de principios y su actuar, no guarda la menor consecuencia.
Con toda seguridad, don Jaime Castillo se revolcaría en su tumba si conociera este actuar de sus "camaradas" pues como presidente de la Comisión de Derechos Humanos defendería, contra viento y marea, los DD.HH. de todos frente a una ley que los amenaza. Por ello era no solo respetado, sino admirado, incluso por sus adversarios políticos.
Recuerdo cómo, siendo muy jóvenes, al inicio de la dictadura, don Andrés Aylwin, junto a Castillo y otros nos reiteraban que "el respeto a los DD.HH." estaba sobre cualquier otra consideración, especialmente respecto a consideraciones de política contingente. También insistían en ello jóvenes abogados DC, como Gabriel Ascencio y otros, encabezados por Roberto Garretón, que luego desde la Vicaría de la Solidaridad encabezaron la dura lucha por los DD.HH. en dictadura.
Seguramente la mayor parte de los actuales diputados DC no vivieron ese período, pero no es razonable que lo desconozcan, especialmente que ello está "grabado a fuego" en la filosofía humanista cristiana, base de la ideología que la DC ha anuncia como su proyecto histórico para Chile.
Ojalá los senadores de la Democracia Cristiana puedan revertir esta situación, como ya lo han adelantado. Sin embargo, el daño que se le hace a este partido, ya tan castigado por sus contradicciones, no es fácil de revertir.
En esta discusión, como en muchas otras, los chilenos siguen echando de menos, en la DC y en otros partidos políticos, que se vuelva a la consecuencia, entre discurso y acción y, desafortunadamente, lo visto hasta aquí, como se ha dicho muy bien, parece haber más una preocupación por lo que señalan los matinales, más que con lo que manda la consecuencia. Así, es imposible recuperar a la DC.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado