Autonomía progresiva, atentado contra la familia
A propósito de la discusión sobre la autonomía progresiva, llama la atención que siendo la protección de los niños, niñas y adolescentes el argumento para incorporarlo en la reforma a la Constitución se haya dejado de lado un pilar fundamental: los padres, personas encargadas del desarrollo, crianza y educación de los menores.
El Gobierno tomó la sabia decisión de no entrar a discutir este tema, dado que considerarlo en nuestra Constitución, hubiera significado que los adolescentes tengan el favor para reclamar independencia respecto de los padres cuando chocan con estos respecto de cuestiones fundamentales, dándole mayor control al Estado.
Aunque nuestro ordenamiento jurídico consagra la idea de “sujeto de derecho” y “autonomía progresiva” del menor, lo cierto es que no es necesario otorgarles rango constitucional a estos conceptos porque, de ser así, vulneraría el derecho preferente que tenemos los padres a educar nuestros hijos, por lo que la familia se vería seriamente afectada al generar conflicto, dejando abierta la posibilidad de que el Estado intervenga mediante la Defensoría de la Niñez, el Servicio de Protección a la Niñez y el Sistema de garantías de los derechos de la niñez.
La autonomía progresiva podría entenderse si hubiera un estándar de madurez en los menores para permitirles cierta independencia, pero lo cierto es que este es un factor que tiene muchas variables a considerar: nivel educacional, socioeconómico, emocional, entorno directo, entre otros, por lo que no se puede pretender que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país gocen de autonomía progresiva.
Lo cierto es que no hay nadie mejor que los padres para saber de qué manera y en qué situaciones es pertinente otorgarles libertad y poder de decisión.
En estos tiempos en que los adolescentes han protagonizado una serie de situaciones violentas en el ámbito educacional, que uno de cada tres estudiantes considera la violencia como un mecanismo legítimo para resolver conflictos y los altos niveles de consumo de drogas en este grupo etario de la población, es trascendental proteger los derechos de los padres y no situarlos en una posición de sustitución por el Estado.
Somos los padres quienes debemos velar por el cuidado y protección de nuestros hijos, no el Estado. Se debe proteger y promocionar la familia tradicional, no debilitarla a través de un concepto inocuo como es la “autonomía progresiva”.
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