Cerimedo y la política de los bots
La desinformación política en nuestra América Latina dejó hace rato de ser un accidente. No es solamente el exceso de una cuenta anónima ni el apuro de un medio mal informado: es un servicio pagado, profesional, con clientes y resultados que se miden. Y como todo servicio, no desaparece cuando el cliente gana la elección, a veces sólo cambia de escritorio.
El 18 de agosto la policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba tomar un vuelo a Buenos Aires. Está imputado por femicidio en grado de tentativa contra su expareja, la abogada Nadia Beller, atacada a balazos por dos sicarios en moto. Él niega toda participación y su defensa habla de "un show político". Ese proceso lo resolverá la justicia boliviana, y hasta que lo haga rige para él la misma presunción de inocencia que para cualquier otra persona.
Pero los allanamientos abrieron otra puerta: la Fiscalía incautó cerca de 50 mil dólares en distintas monedas y equipamiento que describió como una "granja de bots". Además investiga si esos equipos administraban cuentas automatizadas y en qué campañas se utilizaban.
Porque Cerimedo no es un consultor cualquiera. Fundó La Derecha Diario, fue jefe de comunicación digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y él mismo declaró haber manejado 50 mil cuentas en X a favor del candidato. En Brasil, la Policía Federal lo situó en el núcleo de la llamada milicia digital que difundió, tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, un informe sobre un supuesto fraude en las urnas electrónicas que nunca existió; la Fiscalía brasileña lo eximió de cargos en febrero de 2025. En Bolivia asesoró a Rodrigo Paz en la segunda vuelta de 2025 y siguió prestando servicios al entorno presidencial.
El paso por Chile es un capítulo más en su agenda latinoamericana. En septiembre de 2020, a un mes del plebiscito de entrada, El Mercurio publicó una encuesta que daba 42% al Apruebo y 34% al Rechazo. La hizo la empresa de Cerimedo, y la encargó y financió Casa Común, el grupo de empresarios que operaba el comando del Rechazo. El resultado real, un mes después, fue 78% a 22%. El error fue de 36 puntos. Y ahí está lo interesante: la función de ese número nunca fue describir al país. Fue construir la expectativa de una elección apretada, para que el resultado, cualquiera que fuera, llegara envuelto en dudas.
Hay una coincidencia que vale la pena registrar. El mismo 18 de agosto en que Cerimedo era detenido en Santa Cruz, el Presidente Kast condenaba en Santiago, ante la Federación de Medios de Comunicación Social, "el amedrentamiento o el hostigamiento digital bajo forma de funas", y agregaba que a los trolls los condena "para uno y otro lado". La declaración es correcta y hay que tomarla en serio. Pero también hay que notar lo que no dice. Condena el comportamiento y no menciona el financiamiento; condena al troll anónimo y no a quien lo contrata. Y ese es precisamente el punto ciego de la regulación chilena: nuestra ley obliga a declarar cuánto costó una paloma en campaña o un aviso en la radio, pero no tiene ninguna herramienta para registrar cuánto cuesta una red de cuentas coordinadas, quién la paga ni desde qué país opera.
En el caso de Cerimedo, lo interesante ocurre después de las elecciones en las que asesoró. En febrero de este año el gobierno de Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial, una repartición dependiente de Presidencia dedicada a desmentir lo que el oficialismo considera noticias falsas, con instrucciones a todos los ministerios de reportar lo que en sus áreas deba ser corregido. Es decir: el mismo actor que llegó al poder erosionando la confianza en las fuentes independientes de información se ofrece ahora como aquella fuente que las reemplaza.
La secuencia es la misma en todas partes y tiene dos tiempos. Primero se instala la sospecha sobre lo que producen los datos: las encuestas, los organismos técnicos, la prensa, los tribunales. Después se ofrece al gobierno como el único lugar donde la verdad todavía está a salvo. En Chile hemos visto ya algo de eso, cuando desde La Moneda se puso en duda la medición de pobreza de la Casen sin ningún sustento técnico o cuando se inflaron números de delitos que no corresponden con la realidad. Esperemos atentos a que en el Ejecutivo no siga al pie de la letra este manual tan peligroso.
Saber quién financia la conversación pública es develar los intereses reales detrás de esta gestión. Influencers construidos y bots pagados parecen sostener movimientos políticos que logran ser mayoría en las elecciones de la región. ¿Será Cerimedo el primero de muchos en caer?