Comunistas en el gobierno ¿misión cumplida?

Desde 1973 que no existía un comunista en el Gobierno. Su participación en la segunda administración de Bachelet ha posibilitado, según explica el propio Partido Comunista (PC), un programa de reformas graduales en pos de construir un “Estado más democrático y social de derecho”. Pero también, justifica la necesidad de profundizar reformas que hagan retroceder la subsidiariedad defendida por la derecha. Se trataría de una nueva alianza de “centro izquierda”, la Nueva Mayoría, que dejaría atrás el cuño neoliberal de la vieja Concertación, y abriría espacio para la emergencia de nuevas fuerzas como el Frente Amplio (FA).

¿Ha sido esto efectivo?

Una forma de responder, es examinando si hubo cambios en la orientación de la política del ministerio de Desarrollo Social que encabeza el comunista Marcos Barraza. Cabe recordar que la antigua Oficina de Planificación Nacional reformuló en dictadura el carácter solidario y universal de la política social del Estado. En adelante, la acción estatal prosiguió una línea “subsidiaria” en beneficio de los “verdaderos pobres”, suprimiendo derechos conquistados por los trabajadores tras décadas de lucha. Hasta el gobierno de Piñera, la subsidiariedad solo se profundizó.

Ahora bien, aunque el discurso de Barraza señale que los fundamentos de la política social subsidiaria están siendo desmantelados, sus políticas han consistido en lo contrario: perfeccionar la administración del gasto social focalizado diseñado por los gremialistas en dictadura y profundizado por las tecnocracias concertacionistas.

Más allá de ideologismos, la acción del Ministerio ha consistido en modernizar instrumentos para registrar nuevas dimensiones de pobreza - de los hogares y de personas en situación de calle -, intervenir en situaciones de emergencia, e integrar la información social y territorial. Todo con el propósito de focalizar mejor las ayudas y bonos destinados a la población que “atiende” la cartera.

¿En qué se distingue esta gestión de otras protagonizadas por gobiernos neoliberales? En casi nada. Mantener el gasto social focalizado de un Estado que subsidia la acumulación empresarial sólo atenúa los efectos más nocivos de la concentración de la riqueza, al costo de excluir a la mayoría de los trabajadores de la política estatal. Entonces, el propio Estado chileno termina garantizando la reproducción de las desigualdades entre el gran empresariado y la ciudadanía.

Gestionar eficazmente la focalización del gasto es , por principio, contradictorio con los anhelos de democratización de Barraza. Por el contrario, es uno de los principales mecanismos para impedir la reconstitución de las fuerzas del trabajo y de la propia izquierda. En ese sentido, el FA, con todas sus limitaciones, se ha constituido a pesar de la política del PC.

El problema no se limita a la ausencia de democratización social, la mercantilización que alcanzan las condiciones de vida en el neoliberalismo chileno restringe también la democratización política. Nuevas tecnocracias, ahora de izquierda, secuestran el debate público al reducir el problema político a recetas para “focalizar mejor” el gasto social, negándole a la propia sociedad dirimir : focalización o derechos.

Las críticas del PC al FA por su maximalismo y ausencia de vocación transformadora desde la institucionalidad no tienen asidero. Por el contrario, es el PC el que debe explicar cómo avanzar en una alianza colonizada por grupos empresariales que acumulan, justamente, a partir de una política social que mercantiliza derechos. La defensa que hace Barraza de la política implementada por su cartera, muestra que en la dirigencia comunista se ha naturalizado la focalización del gasto social como único horizonte posible para la izquierda.

En todo caso, el FA no está exento de estos dilemas. De llegar al gobierno, también corre el riesgo de terminar gestionando la política social de la dictadura. De ahí que resulte fundamental debatir sobre cómo enfrentar a los grupos empresariales forjados en el “capitalismo de servicio público” criollo.

Si algo podemos aprender del siglo XX, es que se trata principalmente de un problema de correlaciones de fuerza. En particular, de resolver de modo práctico el cómo se construyen fuerzas sociales que con autonomía política sostengan reformas anti subsidiarias. 

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