Contraloría y el terremoto en la Red Sismológica
Hoy me encuentro frente a una columna donde no tengo mucho que ganar, pues está cargada de realismo, respaldada por informes de Contraloría, denuncias formales y públicas, que involucra a dos gobiernos de distinto signo, por lo cual aquellos que quieran usar a las víctimas como argumento para que el contrario pierda votos, se verán algo complicados.
¡Pero aquí vamos!
En noviembre de 2012 un grupo de diputados de la Democracia Cristiana (Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Matías Walker) asistían a la Contraloría General de la República para hacer una presentación sobre casi 600 instrumentos sismológicos que encontraron guardados en bodegas de ONEMI sin ser instalados, cuyo valor se estimaba en US$18 millones de dólares aportados por el Estado según leyes de presupuesto 2008, 2009, 2010.
Luego vendría la polémica que, como muchas, terminaría tan guardada como los instrumentos que, en cantidad, equivalía potencialmente al incremento en cantidad y cobertura más grande en la historia de la sismología en Chile.
En aquel entonces el director de ONEMI, Ricardo Toro, asumía en plena polémica que incluía el compromiso del gobierno de Sebastián Piñera por devolver los instrumentos a la U de Chile para que se instalaran. Cuestión que recién terminaría de concretarse (con el apuro de una auditoría en curso de la Contraloría), y solo en lo administrativo, el 30 de noviembre pasado, con algunos aparatos “puestos en terreno” (no necesariamente conectados a la Red y algunos incluso no enchufados a la corriente), y otras estaciones que presentaban falencias significativas, lo suficiente como para que la U de Chile tuviese que retirar algunos instrumentos.
La Contraloría General de la República (CGR) tarda pero llega.
La CGR Incorporando las denuncias a esa fecha, desarrolló una Auditoría Administrativa a ONEMI en la cual señaló en 2014 que “instruirá un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por el atraso y la falta de resguardo de los equipos adquiridos para la Red Sismológica de la Universidad de Chile”.
En el intertanto las polémicas seguían. Los diputados continuaban presentando antecedentes y advirtiendo los atrasos, y el Director de ONEMI hacía lo suyo informando sobre avances y desmintiendo problemas. Por su parte el Centro Sismológico Nacional, reclamaba porque le devolvieran los instrumentos, haciendo presente falta de recursos y señalando la necesidad de instalar los 297 acelerógrafos a la Red Sismológica Nacional.
Así se expresaba en 2015 ( La Tercera) el mismo Sub Director del Centro Sismológico Nacional, Mario Pardo, en ese momento Director(s) de dicha institución, sobre la importancia de los 297 acelerógrafos y su incorporación a la Red Sismológica Nacional: “aportaría datos fundamentales para mejorar la respuesta inmediata”;“a partir de estos datos (de los acelerógrafos), en tiempo real se puede localizar un sismo, su magnitud y generación de mapas de los daños”; “sin comunicación robusta y en tiempo real, (esa red) no puede funcionar para las emergencias”.
Si los terremotos son la amenaza permanente más relevante para la seguridad interior del Estado, ¿cómo se entiende entonces que las denuncias realizadas, e incluso el primer sumario de la Contraloría no haya movilizado las voluntades para cambiar el rumbo?
Falta de control, serios problemas de gestión, atraso en formalización de protocolos de entrega y recepción de instrumentos de 3 años (se corrigió al momento de la auditoría de la CGR), 95 instrumentos para comunicación satelital (fundamental para robustez de comunicaciones de instrumentos al centro de procesamiento) que según la CGR han quedado inutilizables producto de desactualización y pérdida de garantías (nunca fueron instalados), lo que sumado a montos cuestionados por la CGR en materia de uso y rendición alcanzan cerca de los 2 mil millones de pesos, es sólo la punta del iceberg de un grave problema de gestión en el Centro Sismológico Nacional y la ONEMI, que ha implicado la apertura de un sumario para la Universidad de Chile y el segundo sumario para la institución de Gobierno.
Al leer la última auditoría sorprenden no solo los hallazgos, sino también el hecho de que muchos de ellos fueron advertidos ya durante la polémica de los casi 600 instrumentos en bodegas de ONEMI (2012 a la fecha).
De esta manera, frente a las auditorías y sumarios en curso, es imperioso que las máximas autoridades institucionales tomen cartas en el asunto. Por una parte corregir el rumbo que ya en su momento instruyó el ministro Chadwick a ONEMI, y que también lo han hecho las autoridades posteriores a través de claros compromisos públicos, pero donde los responsables técnico-políticos sectoriales, a la luz de esta última auditoría, no han cumplido.
Es así como frente a las fallas de gestión, que en nada deben empañar la experiencia, conocimiento y aporte de la Universidad de Chile a la sismología nacional y su rol público, se hace necesario que el Rector tome las medidas para proteger dicho patrimonio que es de todos los chilenos, y que ante malas decisiones de gestión en el CSN, como aceptar instrumentos sin haberlos chequeados y realizado las observaciones oportunamente, o realizar gastos que siendo cuestionados por la CGR, donde también es justo señalar que no habían sido debidamente observados por la contraparte del Convenio con la U de Chile que es ONEMI, se requieren muestras claras de mejoramiento y fortalecimiento institucional del Centro Sismológico Nacional, como autoridad en la materia de su competencia, y no como un mero prestador de servicios a ONEMI.
También resulta urgente que el subsecretario del Interior tome cartas en el asunto, pues los mismos avances que él ha informado a partir de los antecedentes entregados por la institución político, técnica especializada en emergencias del Estado (ONEMI), están en serio cuestionamiento, sumando graves fallas en el proceso de fortalecimiento que ojalá ya sea materia de análisis en Interior, por ser precisamente una cuestión de seguridad nacional.
El actual gobierno aún puede inaugurar el crecimiento más relevante de la historia de Chile en materia de red sismológica, pues la Presidenta lo merece al haber sido su primer gobierno el que destinó los recursos para la adquisición de instrumentos y fortalecimiento de la red, así como también frente a lo que, a mi parecer, fueron injustas críticas respecto de su rol el 27F, ante la falla de un sistema de emergencias obsoleto y con 40 años de atraso.
Es cierto que en la agenda hay muchos temas estructurales, hay muchas grandes reformas, pero la Red Sismológica Nacional, el mejoramiento del sistema de emergencias, y la debida responsabilidad de sus directivos, no puede ser una preocupación menor, pues finalmente aquí los errores pueden costar vidas.
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