A fines de diciembre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el "Estudio de Mercado de Gas", señalando que "el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio de un producto de la mayor relevancia para las familias, como es el gas. Los cambios que proponemos harán más competitivo el mercado y confiamos en que sean la base de las nuevas regulaciones que requiere este sector".
Incluso antes de la publicación de dicho informe, preocupados por la falta de regulación en el sector que repercutía negativamente en el precio que pagan los usuarios finales, presentamos el 1 de diciembre un proyecto que aborda el aumento de la competencia, pero también autoriza convenios de cooperación entre organismos del Estado y ENAP para facilitar la distribución del gas a la población.
Posterior al informe de la FNE, se relevó la importancia del asunto por otros parlamentarios con proyectos en la misma línea que el nuestro, así como el propio Gobierno, que tomó el compromiso de regular el mercado del gas natural (de cañería) -proyecto que tiene urgencia inmediata actualmente-, pero que tras casi 2 años no ha recibido la atención necesaria para ser despachado; y por otro lado, presentó el "Piloto Gas a Precio Justo", para el gas licuado (de balones) y prometiendo alcanzar a 100 mil familias.
El Estado debe proporcionar las facilidades para que los bienes públicos sean de fácil acceso para las personas. En este tema, tal como lo propusimos en nuestro proyecto, había que hacer dos cosas. Primero, reforzar el aspecto regulatorio de las empresas de distribución de gas por cañería para bajar el precio a clientes finales y segundo, facilitar que ENAP pueda celebrar convenios de cooperación para llegar a las personas. Era necesario que el Gobierno articulara una respuesta trabajada para no solo implementar un piloto de corta duración y destinado a la extinción como el actual, sino que una propuesta de Estado para facilitar una alianza público-privada que aumente competencia de mercado y bajen los precios para los usuarios finales del gas.
Los números que mostró el Gobierno sobre el piloto de "Gas a precios justo" dejan bastante que desear del rol de la función económica y social del Estado que necesitamos. Estamos en abierto desacuerdo que con recursos públicos se subsidien programas ineficientes que den una ilusión de compromiso de Estado con las necesidades públicas. El programa piloto del Gobierno es una muestra de las (in)eficiencias que tiene el Estado, y que más allá de caer en la tentación de la subsidiariedad de los privados como pueden proponer algunos, nosotros creemos que el Estado debe cumplir su rol de regular y vigilar que los bienes públicos se asignen de manera eficiente, sin caer en asistencialismos perjudiciales que vemos en países vecinos.
El punto central no es solo "más Estado", sino que "mejor Estado". Una visión clara del rol social, pero también económico del Estado es importante, y no debe ser determinada por oportunidades políticas de corto plazo. Sinceramente esperamos que este piloto sirva para reconsiderar estudiar los temas antes de solo implementarlos para mostrar que "avanzamos", ya que caminar 2 pasos y retroceder 3 no es progreso.
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