¿Dónde quedamos nosotras y nosotros?

Karen Palma

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Durante el último año hemos presenciado un debate en el que derechos ciudadanos y garantías de mejores condiciones de vida -ley corta de isapre, reforma de la salud, reforma de pensiones o reforma tributaria- se ven enfrentados a los intereses de grupos económicos, gremios o conglomerados empresariales que controlan las AFP, isapre o las principales áreas de producción, y a la acción de algunos parlamentarios que desde el Congreso han defendido sus intereses de forma irrestricta.

La discusión legislativa de las propuestas que pongo como ejemplo ha estado rodeada de amenazas, profecías de desastres y vientos de tormentas desarrollando el debate por el camino que los dueños del capital han querido hasta lograr sus objetivos. Las opiniones de las personas poco y nada han sido consideradas en estos debates.

Ejemplo claro la ley corta de isapre, donde se hablaba del colapso del sistema de salud -discurso de los empresarios de la salud-; que Fonasa no sería capaz de gestionar a los usuarios del sistema privado -a pesar que ya han migrado poco más de un millón de personas-; y que había que evitar un desastre económico por la quiebra de estas empresas. Ya sabemos cómo concluye esta historia: Finalmente el Gobierno y el Parlamento cedieron a las presiones, se le abrió la puerta a la propuesta de las aseguradoras privadas de salud y terminó siendo la gente la que pago el costo del negocio de la salud

Para el caso de la reforma de pensiones el asunto es más grosero aún. Habiendo evidencia de que el sistema de AFP es un absoluto fracaso en el objetivo de garantizar pensiones decentes a las y los jubilados del país, se ha desplegado una campaña del terror, sostenida por la desinformación desplegada, por parte de parlamentarios de derecha y ultraderecha junto con la asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones, que tiene hasta ahora amenazado un acuerdo para una de las más sentidas demandas de la gente: Tener una vida decente a la hora de jubilarse.

A pesar de no ser el camino que construya un sistema solidario de pensiones, la propuesta mixta que se plantea desde el Ejecutivo es un avance en quitarle parte del poder que hoy las AFP detentan. Asegurar pensiones que al menos cubran las necesidades básicas debe ser el mayor objetivo del sistema, no el que se convierta en un fondo de inversión privado, donde los principales "accionistas" (las personas comunes y corrientes) no reciben ninguna parte de la ganancia que las AFP tienen año a año.

A esto se debe sumar cierta acción del Gobierno, que por alcanzar acuerdos termina por ceder, sobreponiendo la acción institucional por sobre la acción política en este tipo de materias. Y es allí cuando vemos que hace falta un factor fundamental en la convocatoria de diálogo y protagonismo: las organizaciones intermedias de la sociedad.

¿Por qué no han sido convocadas a este diálogo y negociación a la gente sus diferentes espacios de organización? ¿Por qué no se apela al protagonismo popular para enfrentar la campaña del terror desplegada por los conglomerados empresariales? ¿Por qué no podemos tener la cobertura mediática de nuestro relato respecto del sistema previsional de nuestro país?

Es muy importante que iniciemos un cambio radical en este sentido. No se le hace daño a la democracia si la gente es protagonista de los procesos políticos, de las discusiones legislativas, todo lo contrario, se le fortalece. La apatía de hoy, el desprecio y desafección con la política es resultado de décadas de una acción que apunta al aislamiento popular de la contingencia. Y terminamos diciendo "da lo mismo por quien se vota, total mañana debo igual salir a trabajar".