El claroscuro Chile: militarización de la macrozona sur, lo viejo que se resiste a desaparecer
El jueves 14 de octubre comenzó el estado de excepción en la macrozona sur, la cual comprende cuatro provincias de dos regiones del sur del país: Biobío y Arauco en la Región del Biobío; y Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía. La medida fue decretada por el Gobierno de Sebastián Piñera, el cual afirmó que "en síntesis, lo hemos decretado para permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos, y vivir sin miedo y sin violencia". Esto, en el marco del "conflicto mapuche".
Los efectos de la militarización de la macrozona sur atenta contra las niñeces y juventudes del territorio y el desarrollo integral de sus vidas y su ejercicio de derechos. La política, de larga data, de ocupar, reprimir y "civilizar" como expresión y directriz del discurso racista dominante no ha logrado atender las demandas y el reconocimiento del pueblo mapuche. Más bien se ha expresado en exterminio y constante violencia.
El caso de Brandon Hernández
La evidencia así lo señala y ejemplos hay. Uno de ellos tuvo lugar el domingo 18 de diciembre de 2016 en Curaco, nueve kilómetros al este de Collipulli, en la Región de la Araucanía. Isaías (en ese entonces de 13 años) salió a pasear en bicicleta justo cuando Carabineros realizaba un control de identidad a un grupo mapuche que venía de un nguillatun (ceremonia tradicional). Minutos después, su hermano Brandon Hernández Huentecol -de 17 años- lo ve de rodillas y con una pistola que le apuntaba a su cabeza. Quien sostenía el arma era el (ex) sargento Christian Rivera Silva. Al intentar calmarlo, el uniformado lo obligó a tirarse al suelo y luego disparó 180 perdigones de calibre 12 contra su cadera, a menos de 50 centímetros de distancia. A causa de esto, estuvo 45 días hospitalizado, fue sometido a 17 intervenciones quirúrgicas y hoy vive con plomo en su sangre. El agente del Estado quedó con una condena de libertad vigilada.
Ambos, Brandon e Isaías, en aquel momento eran menores de edad. Esta semana, paradójicamente en el día del Encuentro de los Dos Mundos, el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de emergencia.
Más antecedentes
En consecuencia, el Gobierno busca que las Fuerzas Armadas sean parte de los trabajos de seguridad y orden, así aporta con militarizar (aún más) el conflicto. Ahora, el Mandatario aseguró que "en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de ciudadanos (...) sino es para proteger mejor a las personas". Sin embargo, considerando el reciente escenario de sistemáticas violaciones a los DD.HH. por agentes del Estado y la histórica forma en la cual el Estado de Chile ha entendido y actuado con el pueblo mapuche, nos alerta acerca de la medida que toma el Gobierno y cuestionar aquel principio básico en torno al monopolio de la violencia y su legitimidad.
En palabras de Claudio Fuentes, desde "José Manuel Pinto, que proponía secuestrar a los hijos de los caciques para que estos temieran rebelarse, hasta Vicuña Mackenna que veía en el indio la condensación de todas las abominaciones" (Ciper, 2020). Esta evidencia histórica no guarda mayor distancia de lo sucedido con Brandon, que más allá de intentar repeler o promover la seguridad social se buscó atemorizar y ejercer el poder para vulnerar a un joven mapuche.
El caso de Bradon y otros, que nos enteramos por las redes sociales o la prensa alternativa, son ejemplo de vulneración por parte del Estado de sus derechos de vivir libremente y sin violencia policial. Realizamos un llamado a todas las organizaciones internacionales de DD.HH. a exigir la garantía y protección de los derechos de niñeces y juventudes que, frente al estado de emergencia declarado por Sebastián Piñera el pasado 12 de octubre de 2021 se ven en riesgo y exposición, que ante el escenario que transita nuestro país en el claroscuro entre lo viejo y el nuevo Chile no estamos dispuestos a que nuestros niños, niñas y jóvenes sufran la violencia del Estado.
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