La nueva Constitución, como expresión de los cambios y transformaciones por los que el pueblo de Chile se ha movilizado por varios años, hoy se encuentra en entredicho. Incluso peor, puede llegar a convertirse en un mero trámite.
A cuatro meses del plebiscito de los conocidos resultados, nos encontramos atrapados en el peor de los escenarios que se podían dar para una nueva Carta Fundamental: que sean 24 representantes del Congreso -quizás la institución más rechazada por las chilenas y chilenos- los que se encarguen a partir de febrero de escribir una propuesta constitucional, que luego debe ser revisada, ajustada y -quizás en algunas partes- reescrita por los 50 consejeros constituyentes que serán electos en mayo próximo.
El trabajo de estos dos órganos estará supervigilado por el "Comité Técnico de Admisibilidad", compuesto por 14 personas electas por el Senado -que ha tomado un nuevo aire tras el triunfo del Rechazo-, que debe advertir cualquier posible contravención de las "bases institucionales" o, dicho en castellano castizo, las líneas rojas acordadas por los partidos en tres meses de negociaciones.
Todo lo anterior resume una pérdida de soberanía popular para entregarla a instituciones que no cuentan ni con la simpatía ni con el apoyo de la gente. El gran triunfo del Rechazo, en su labor de ensuciar la tarea del primer proceso, fue rescatar una institucionalidad añeja y alejada de la realidad del día a día.
Hoy el Congreso, en vez de ocuparse en sacar leyes que permitan mejorar la vida de las personas, se han pasado casi cuatro meses ocupándose de retomar el control de la política y acosar al gobierno con Acusaciones Constitucionales que sólo desvían la atención de los reales problemas que vive el país.
Hoy estamos dos o tres pasos atrás de las propuestas plebiscitadas en octubre de 2020 (mixta o 100% electa) y con un nivel de limitaciones a la participación popular que queda la impresión que, como país, pasamos de un proceso constituyente a un corralito constituyente.
¿Cuál es el rol de la gente en este nuevo itinerario? ¿Cómo las organizaciones sociales pueden participar en el debate? ¿Dónde queda el ejercicio democrático de debatir un texto constitucional? Son preguntas que han quedado sin respuesta y nos dejan mirando cómo una élite logró cerrar un proceso de avance democrático solo para defender su institucionalidad y sus privilegios.
Acá, las y los trabajadores tenemos una responsabilidad a la hora de mover los límites o generar la grieta en las conservadoras reglas del juego que nos han impuesto para tener una nueva Constitución. Debemos organizarnos de verdad, dejar de lado nuestras posiciones de trinchera y articular una fuerza que pueda mover la aguja del nuevo proceso.
Hoy la tarea es encontrar la llave que abra el corralito para tener un proceso constituyente de tomo y lomo.
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