El lobby encubierto de las AFP
El debate sobre la reforma de pensiones ha estado marcado por una agresiva campaña comunicacional por parte de la Asociación de AFP, en contra de las modificaciones al sistema propuestas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Bajo la consigna #YoQuieroElegir, las aseguradoras han gastado millones de pesos, de los ahorros de sus afiliados, en spots de propaganda con mentiras y distorsiones respecto del proyecto, con el objetivo de incidir en el debate público.
Estamos hablando de una actividad de lobby que hoy no está considerada ni regulada en la actual ley, que cumple 10 años desde su entrada en vigencia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó recientemente recomendaciones para nuestro país y ha llamado a poner atención sobre esta nueva forma de influencia, calificando la opacidad en torno a este ítem como una preocupante "falta de transparencia y de rendición de cuentas".
En el reciente Informe "La Regulación del Lobby y de la Influencia en Chile", la OCDE define como "práctica de lobby e influencia en el siglo XXI" el creciente "uso de campañas de información en las redes sociales y los medios tradicionales para dar forma a los debates políticos y persuadir al público para que presione a los responsables políticos e influya indirectamente en el proceso de toma de decisiones del gobierno". Al igual que "la financiación de la publicidad política tanto en medios tradicionales como redes sociales".
En dicho contexto, apremia una actualización de la legislación en ese sentido, que debe ser recogida en el debate abierto por el Gobierno con la propuesta de una ley de Lobby 2.0, ingresada en mayo de este año. Por nuestra parte, junto a otros parlamentarios hemos presentado un proyecto de ley que busca reconocer como actividad de lobby la influencia subjetiva o indirecta que puede hacerse mediante la publicidad o propaganda, además de establecer obligaciones de transparencia a los lobbistas respecto del uso de los medios de comunicación masiva.
En Chile existe evidencia de que la intervención de grupos empresariales en la creación de leyes da como resultado legislaciones que no protegen los intereses de la mayoría de las y los chilenos, sino que resguardan el patrimonio de aquellos que ponen la plata. La actual ley de Pesca es el mejor ejemplo. Por lo mismo, nuestra propuesta apunta también a la obligatoriedad de transparencia sobre las fuentes de financiamiento de los lobbistas, porque es fundamental para el debate conocer los intereses de quiénes están sobre la mesa. Hoy son las AFP, pero mañana puede ser cualquier otro grupo económico.
En tiempos donde la discusión política está profundamente degradada, un debate público transparente y democrático es fundamental. Hoy, nuestra legislación sobre el lobby se ha quedado al debe para generar esas condiciones y se requiere de la voluntad política de todos los sectores para actualizar esta norma a los nuevos tiempos. Debemos pasar de una ley que se limita a la obligación de registro en torno a las reuniones de las autoridades a una normativa que realmente regule la industria de la gestión de intereses particulares y sus múltiples manifestaciones, en línea con lo que la OCDE ha sugerido y volviendo a poner a Chile como país ejemplo de esta legislación.
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