El obispo Goic y la ética en los salarios

Sergio Muñoz

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El obispo de Rancagua, Alejandro Goic, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, acaba de proponer que el salario mínimo suba de $250.000 a $400.000, lo que, según sus cálculos, permitiría cubrir las necesidades básicas. Suena bien, por supuesto. Cómo no estar de acuerdo con la idea de que mejore el ingreso de las familias modestas. El asunto es cómo hacerlo. Si nada se dice al respecto, solo se trata de buenos deseos, y con eso no alcanza para generar políticas públicas bien pensadas.

Desgraciadamente, el obispo nuevamente asoció las consideraciones sobre el salario mínimo con las definiciones éticas, tal como lo hizo hace algunos años en representación del Episcopado, lo que influyó en la decisión del gobierno del Presidente Piñera de bautizar un programa de asistencia a las familias más vulnerables como “Ingreso Ético Familiar”, aprobado por el Congreso y hoy vigente. Está muy bien que exista ese programa, pero ¿por qué llamar “ético” a lo que es “básico”? Llamar “ética” a cualquier ley es excesivo.

El filósofo francés André Comte Sponville define la ética como “el discurso normativo e imperativo que resulta de la oposición entre el Bien y del Mal, considerados como valores absolutos o trascendentes. Está formada por obligaciones y prohibiciones: es el conjunto de nuestros deberes. Una ética responde a la pregunta “¿Cómo vivir?”. Siempre es relativa a un individuo o grupo (…) La ética es un trabajo, un proceso, una andadura: es el camino reflexionado del vivir, en tanto que tiende hacia la vida buena, como decían los griegos, o hacia la menos mala posible, y es la única sabiduría verdadera”.

Así las cosas, apelar a la ética para fundamentar una política salarial es muy discutible. Y mucho más asociarlo con una cifra determinada, como si en ella se definiera el bien y el mal. Es como atribuir un valor moral intrínseco al aumento o la rebaja de impuestos. O a la entrega de bonos y subsidios. O al congelamiento de las tarifas de servicios (como lo hizo demagógicamente Cristina Fernández en Argentina, provocando un descalabro fiscal gigantesco).

Como sabemos, ha habido gobernantes que en su momento decretaron grandes aumentos de sueldos para afianzar su poder, y el efecto fue la hiperinflación, la escasez y la desarticulación de la economía.

Por supuesto que las políticas públicas, en particular las de inclusión social, deben tener en cuenta los valores éticos, pero deben incluir forzosamente las consideraciones económicas, materiales, terrenales. Los buenos sentimientos no bastan, y pueden traducirse en políticas deplorables. Por ejemplo, alguien podría proponer que el pan se regalara todas las mañanas en las panaderías, igualmente la leche, pero sabemos que todo tiene un costo, que los bienes no caen del cielo.

Respecto del salario mínimo, hay que tomarle el peso a las palabras. ¿Qué pasaría si el jefe de una iglesia protestante propusiera que el salario mínimo se eleve a $500.000, o el Gran Maestro de la Masonería propusiera elevarlo a $600.000? ¿Acaso la Iglesia Católica quedaría éticamente derrotada?

¿Tendríamos que aplaudir a quién ofrezca más? Con esa misma lógica, se podrían reclamar “tarifas éticas” en el gas y la electricidad, o “precios éticos” para la carne, el arroz y los fideos. ¡Y por supuesto para los medicamentos! Los dueños de vehículos podrían pedir una “rebaja ética” de los combustibles y las patentes. Y tendríamos que ponernos de acuerdo si mediremos la ética en pesos, en dólares o en UF. Es absurdo, sin duda.

Es legítimo que el obispo Goic, como cualquier ciudadano, opine sobre las políticas públicas, la economía y cualquier materia de interés nacional. También es válido que exprese su preocupación por los bajos salarios, lo cual compartimos. Pero en este terreno hay que moverse con cuidado si no se quiere causar males peores que los que se busca remediar. Y ya se han producido efectos impensados. Por ejemplo, se han levantado algunas voces que le piden a la Iglesia que predique con el ejemplo y pague mejores salarios a los trabajadores de sus propias dependencias.

No está en discusión que muchos compatriotas reciben bajos salarios y bajas pensiones. Pero ese no es un asunto que se resuelva con una ley, aunque las leyes pueden crear un marco que contribuya a mejorar las cosas.Lo primero es que la economía crezca, que haya nuevas inversiones, que se creen nuevos puestos de trabajo, que los emprendedores sientan que vale la pena arriesgarse.

Ninguna política de redistribución puede sostenerse sin una economía dinámica, y sucede que este año crecería menos de 2%, según las proyecciones. El reto mayor es, por lo tanto, sacar al país del estancamiento, y para eso es clave que el gobierno corrija muchas cosas y ayude a crear un ambiente de confianza.

Es valioso que el ministro Rodrigo Valdés diga que la tarea principal de este año es estimular el crecimiento y elevar la productividad, lo cual no estuvo entre las prioridades del gobierno en la primera etapa, cuando la excitación por las reformas hizo perder contacto con la realidad de la economía.

Es indispensable mejorar el clima de negocios. Esto quizás suena escandaloso a quienes todavía creen que el Estado se alimenta del aire y puede financiarlo todo. Al fin y al cabo, piensan algunos populistas, el Estado puede fabricar más billetes, y listo. Bueno, ahí está Venezuela como ejemplo dramático de cómo no hay que hacer las cosas.

Necesitamos que Chile progrese de verdad, es decir, que la prosperidad y la solidaridad vayan de la mano.