El Presidente de la República deslegitimado

Nos encontramos frente a un fenómeno nuevo en el sistema democrático chileno contemporáneo, el hecho de que estamos frente a un Presidente de la República totalmente deslegitimado en medio de un sistema presidencialista y rígido.

Antes de intentar responder la pregunta “¿qué hacer?”, es conveniente revisar algún instrumental conceptual que nos permita responder tan difícil interrogante.

En Chile, la figura del Presidente de la República tiene un resabio monárquico, una suerte de rey que republicanamente tiene un periodo acotado y un proceso de elección, más democrático o menos democrático dependiendo del estándar de democracia con el cual se analice.

La realidad de deslegitimidad de Sebastián Piñera no dice relación con el nivel de apoyo o rechazo de las encuestas, sino con la capacidad política para ostentar el cargo.

Dicha aseveración no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico, de hecho, la acusación constitucional contra un Presidente de la República se basa en la imposibilidad de continuar en el ejercicio; no por cometer un delito necesariamente, sino por no mantener un nivel de dignidad del cargo, que tiene causales muy precisas donde el bien jurídico protegido dice relación con el honor, la seguridad, la probidad y la legitimidad en el ejercicio del cargo.

Efectivamente, el actual ordenamiento jurídico no tolera un Presidente de la República que por actos de su administración se haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes, de ahí la importancia de determinar la violación sistemática a los DD.HH.

Pero la acusación constitucional contra Piñera fue rechazada en la Cámara de Diputados, lo cual no significa que no se pueda presentar una nueva acusación constitucional por hechos nuevos.

Recordemos que la naturaleza jurídica de la acusación constitucional es política y jurídica.

En el plano político tendría una barrera aparentemente infranqueable en los 2/3 de senadores/as que se necesitarían para aprobar la acusación constitucional, pero recordemos que el 17 de octubre nadie se le habría ocurrido que antes de Navidad terminaríamos con una reforma constitucional que permitiera redactar una nueva constitución por un órgano constituyente, y todo indica será elegido en un 100% por elección popular, aun así, ese camino se abrió.

Otra arista es la histórica, pocos Presidentes de la República no han terminado su mandato por razones ajenas al mandato constitucional: tenemos a Balmaceda obligado a renunciar y a Allende enfrentado a un Golpe de Estado. Algunos plantean que una acusación constitucional exitosa contra Piñera sería una suerte de Golpe de Estado, lo cual carece de toda lógica, pues tal hipótesis sería establecer que la actual Constitución Política permite un Golpe de Estado en su institucionalidad.

¿Es posible una nueva acusación constitucional contra Piñera? La respuesta jurídica y política es afirmativa completamente. La posibilidad de éxito depende de las circunstancias y de contar con los votos necesarios, principalmente en el Senado.

Ahora, las razones de deslegitimidad de Sebastián Piñera dicen relación con los siguientes aspectos, a lo menos: violación grave, permanente y sistemática de los DD.HH.; incapacidad para instalar el orden público; abandono de sus deberes en materia tan fundamental como la generación de una agenda social; mentiras permanentes como aducir influencia extranjera. En fin, el listado es largo y robusto.

Volviendo al análisis inicial de la pregunta “¿qué hacer con un Presidente de la República deslegitimado donde la solicitud de renuncia no existe?”, a lo menos podemos vislumbrar dos alternativas.

Una es presentar una nueva acusación constitucional donde el impulso determinante estaría en la movilización social o presentar la renuncia masiva de los cargos de parlamentarios que obligue, por consecuencia, la renuncia del Presidente de la República como el inicio de una salida de una crisis que, por sobre todo, es política.

La otra alternativa es una fuerte y masiva movilización social exigiendo directamente la renuncia del Presidente de la República. Parece que la movilización social va en su mayoría en esa línea, en donde el pueblo tiene siempre  la última palabra.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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