El problema no es el gabinete

Es posible que los dirigentes de la UDI y RN tengan pocas dudas respecto de lo que habría ocurrido si este año hubiera correspondido que los chilenos acudiéramos a las urnas a renovar el Congreso o los municipios: seguramente, el gobierno de Sebastián Piñera habría recibido una fuerte desaprobación ciudadana, similar a la que reflejan las encuestas, y los partidos de derecha habrían pagado la factura de tal desaprobación.

Nadie esperaba que en apenas 16 meses se desfondara la base de apoyo con que Piñera llegó a La Moneda. Y la causa principal de ello es su propio desempeño, lo que ha erosionado fuertemente su credibilidad ante los ciudadanos.

Se ha extendido la percepción de que cuesta creerle, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un gobernante. No es casual que el lema más coreado en las manifestaciones de los estudiantes sea “¡Piñera, aprende a gobernar!”

Se puede afirmar, entonces, que la discusión sobre los cambios de ministros es casi irrelevante. Como hemos visto, la incorporación de Andrés Allamand y Evelyn Matthei al gabinete hace algunos meses no impidió que el gobierno llegara al bajo nivel de aprobación en que se encuentra. El problema es el propio Piñera, su estilo de operador bursátil, sus improvisaciones dictadas por el marketing, su tendencia a ubicarse en el centro del escenario. Y, sobre todo, la falta de un rumbo claro.

¿Será capaz de sacar enseñanzas del tiempo transcurrido para mejorar su gestión? Dentro de la propia coalición gobernante predomina el escepticismo al respecto, en primer lugar porque está demostrado que escucha poco.

¿Ninguno de sus asesores le dijo que no denominara GANE al paquete de medidas sobre educación superior porque dejaba espacio para las burlas? Quizás alguno se lo dijo, pero él, convencido de que se las sabe todas, simplemente no hizo caso.

Lo concreto es que Piñera ya gastó un tercio de su mandato y no ha justificado las expectativas que él mismo creó. Con realismo, Longueira afirmó que queda apenas un año para enmendar rumbos porque luego vendrán las elecciones. Así es. En octubre del próximo año, corresponde renovar los municipios. Será el primer pronunciamiento ciudadano sobre la gestión del gobierno, además de un indicio respecto del sentir de la población sobre la marcha del país y la gravitación de las diversas fuerzas políticas.

Con un gobierno debilitado, la elección municipal puede convertirse en una prueba muy dura para la derecha. En los hechos, esa elección estará unida con la campaña presidencial y parlamentaria, la que seguramente comenzará en el verano de 2013.

Así las cosas, la importancia de la elección municipal será enorme, ya que sus resultados serán una señal acerca de cómo se van alineando las fuerzas para la competencia mayor que vendrá enseguida.

¿Mejorará la gestión de Piñera? ¿Corregirá sus defectos más marcados? No puede descartarse. Para su suerte, el país tiene fortalezas evidentes. Para su desgracia, los chilenos se han vuelto muy exigentes.

En resumen, el problema del gobierno no es que los ministros sean más o menos políticos, ni más o menos técnicos, sino la visión con que actúa el conductor del equipo, las prioridades que establece y los criterios con que toma las decisiones.

Si él escogió como colaboradores a personas con experiencia en el mundo de los negocios es porque su concepción de la tarea de gobernar se vincula con la lógica empresarial y, como hemos comprobado, ella no guarda relación alguna con la lógica de Estado que debe guiar a un gobernante. Tal confusión está en el origen de las dificultades.

Esperemos que esta defectuosa manera de gobernar no conduzca al país a una situación de crisis. Tal escenario no favorecería a nadie. Hay que hacer todo lo posible para que la gobernabilidad y la estabilidad no se debiliten. El Congreso tiene una gran responsabilidad en cuanto a proteger el interés nacional y los procedimientos democráticos.

En este cuadro, la oposición tiene el deber de mostrar, en las palabras y en los hechos, que se puede gobernar de otra manera, sin letra chica en las leyes que se proponen, en diálogo permanente con los ciudadanos, buscando fortalecer la solidaridad como eje del progreso.