La convivencia digital
El conflicto escolar ya no termina cuando suena el timbre de salida. Para muchos estudiantes continúa en el teléfono: grupos de WhatsApp donde se humilla, videos difundidos sin consentimiento, perfiles anónimos creados para hostigar. El acoso dejó de tener horario. Hoy puede mantenerse activo las 24 horas del día, sin pausas ni espacios de resguardo emocional.
Cuando hablamos de seguridad escolar solemos pensar en lo que ocurre dentro de la escuela. Pero esa mirada hoy resulta insuficiente. La seguridad de niños, niñas y adolescentes ya no termina en la sala de clases ni en el patio de recreo: se extiende de forma permanente al espacio digital, más allá del horario escolar y de los muros del establecimiento.
La magnitud del fenómeno es difícil de ignorar. En Chile, el 92% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tiene conexión a internet, y la edad promedio del primer celular con acceso a internet bajó a 8,9 años, según el estudio Kids Online Chile 2022. Estudios internacionales muestran, además, que los adolescentes pasan en promedio más de cuatro horas diarias en redes sociales, y el uso intensivo de pantallas se asocia a mayores niveles de ansiedad, trastornos del sueño y dificultades de concentración. A esto se suma una nueva realidad: el uso masivo -y aun escasamente regulado- de inteligencia artificial generativa, muchas veces sin orientación adulta ni alfabetización digital suficiente.
Cuando la exposición al daño es permanente, sus efectos se multiplican: alteraciones del sueño, irritabilidad, aislamiento y menor disposición al vínculo con otros. El bienestar emocional se compromete y, con él, el aprendizaje. Difícilmente un estudiante que se siente inseguro o socialmente amenazado puede aprender. En Chile, las denuncias por problemas de convivencia escolar ante la Superintendencia de Educación ascienden a 17.076, un incremento del 18% desde el 2024 (Supereduc, 2025), una señal de que el problema ya no es marginal.
Por eso resulta relevante la ley que restringe el uso de celulares y otros dispositivos en contextos educativos. Bien implementada, puede reducir distracciones, prevenir conflictos y recuperar espacios de convivencia. Pero ninguna ley, por sí sola, resolverá un problema que se extiende mucho más allá del horario escolar. El desafío no es solo restringir los dispositivos, sino aprender a convivir con ellos.
El impacto tampoco recae únicamente en los estudiantes. Grupos de apoderados convertidos en espacios de confrontación, docentes expuestos públicamente, rumores amplificados o información falsa que circula sin control: todo eso complejiza la gestión de la convivencia y desgasta a quienes sostienen la escuela.
En este escenario, el rol de los docentes es irremplazable. Son quienes muchas veces detectan primero los cambios de conducta, el retraimiento, el ausentismo o las señales de sufrimiento emocional, y quienes intentan reconstruir vínculos y generar espacios seguros. Pero no podemos seguir exigiéndoles enfrentar solos una convivencia cada vez más compleja: requieren formación, herramientas pedagógicas, apoyo institucional y recursos suficientes.
La convivencia digital no puede seguir tratándose como un tema accesorio. Debe formar parte de cómo entendemos la convivencia escolar y del trabajo formativo cotidiano. No bastan las campañas preventivas ni las respuestas reactivas frente a una crisis: hay que desarrollar desde temprano autorregulación, pensamiento crítico, alfabetización digital y habilidades socioemocionales. Y exige una conversación real entre escuela y familias, porque si el entorno digital acompaña a los estudiantes durante todo el día, el cuidado no puede recaer solo en el colegio ni exclusivamente en el hogar. Requiere criterios compartidos y acompañamiento adulto.