La opción rechazo que se alza como tendencia mayoritaria en el electorado, según las encuestas de opinión, representa una toma de conciencia cívica respecto del proceso insurreccional.
El proceso insurreccional, perfectamente organizado y planificado, logra hacer explotar la inercia de descontento social que estaba latente en Chile en contra del régimen de desamparo social, que naturalizó estructuras sociales injustas que obstaculizaban el proceso de movilidad social ascendente, rompiendo expectativas crecientes del amplio mundo de nuevos consumidores de la sociedad chilena.
El eje ideológico del discurso insurreccional tenía como armazón la guerra social y en términos prácticos la destrucción de lo nacional, pero que logra ocultar con la narrativa de los derechos sociales a través de un cambio de Constitución.
Ciertamente un cambio de Constitución no garantiza ningún derecho en términos reales, pero sí permite el acceso al poder a elites políticas insurreccionales, cuyo fin es el desmantelamiento del Estado nacional y la eliminación de la república democrática para instituir un régimen que haga posible el control total de los procesos de decisión política. En otras palabras, una institucionalidad proto-totalitaria disfrazada de sistema de derechos.
La Constitución de 2005 seguirá vigente, no obstante, es razonable un acuerdo nacional en base a las tradiciones democráticas chilenas para realizar algunas reformas orientadas a explicitar la noción de un Estado que asuma responsabilidades sociales y que fortalezca la promoción de la comunidad organizada, así como que potencie la familia como base de la sociedad.
El rechazo es, en consecuencia, la posibilidad de retomar un camino de entendimiento democrático, fortalecer el Estado nacional y la República democrática. En suma, el rechazo es dar una posibilidad a la amistad cívica entre los chilenos.
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