El revanchismo de Piñera contra la juventud
A pesar de la clara “sequía legislativa” del gobierno, resultado del temor a debatir leyes sin mayoría parlamentaria, la derecha no ha descansado esfuerzos en explotar de manera abusiva y populista los justos anhelos de seguridad que abraza nuestro pueblo, uno de los grandes tópicos con el cual, mediante promesas de campaña, Sebastián Piñera logró balancear a su favor la última contienda electoral.
La característica principal de esta estrategia, ha sido la insistencia por responsabilizar a la juventud chilena de gran parte de lo que se comprende por incivilidades.
De esta forma, han buscado estimular en la opinión pública un debate superficial y punitivo para intentar cortar el hilo por lo más delgado, concentrándose en el sector más vulnerable, y haciendo desfilar por los medios de comunicación una serie de medidas populistas tendientes a tratar sólo las consecuencias del problema, eludir el debate de fondo, y transmitir la sensación de firmeza que la mayoría pretende escuchar.
De hecho, en tan solo un par de meses el gobierno y la derecha han propuesto rebajar la edad de imputabilidad de los jóvenes a 12 años, aumentar las penas a menores de edad por infringir la ley, vetar de la gratuidad a estudiantes acusados de dañar la infraestructura escolar y elevar sanciones a quienes realicen murales o grafitis en espacios públicos.
Ningún sector interviniente en la vida política del país puede dejar de condenar todo acto que atente contra la integridad de la educación pública y la seguridad de nuestro pueblo.
Distinto es que, a propósito del deterioro de colegios públicos y de los índices de delitos, se busque instalar a la juventud como responsable principal y para sobre ella concentrar medidas de castigo, esto mientras se evade la estratégica influencia sobre el problema que tienen la extrema desigualdad y el abandono del Estado a poblaciones y colegios, esto último expresado también en las invisibles políticas de prevención del delito y reinserción social.
La insistencia por estimular un debate nacional de características negativas, donde la juventud esté en el centro, parece tener un propósito adicional muy bien pensado, desprestigiar en la opinión pública al sector del país que ha demostrado reiteradamente capacidades indiscutibles para estimular, fortalecer y empujar la oposición a políticas privatizadoras, como es el caso del movimiento estudiantil desde sus inicios y en especial durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera.
Todo indica que nos encontramos ante la revancha de una derecha que sabe muy bien que, para asegurar el cometido de gobernar el país durante más de dos periodos, requiere unir y aumentar sus fuerzas, dividir y disminuir las de la oposición, y bloquear mediante el desprestigio a los sectores de la sociedad que puedan impedir alguno de estos dos propósitos.
Sumado a lo anterior, el gobierno se encuentra tramitando dos proyectos de ley que involucran retrocesos en derechos de la juventud, como es el caso del Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes, el cual busca estimular el empleo juvenil abaratándole nuestra mano de obra al empresariado, y el recién ingresado proyecto que reemplazaría al CAE y al Fondo Solidario por un crédito cuya deuda será pública, de conocimiento y tratamiento por parte de empleadores, y con tasas de pago y años de morosidad mayores al del último proyecto presentado y hace poco retirado del parlamento por parte del gobierno.
El deber de la izquierda, y de todos y todas quienes estemos conscientes de que ningún niño o niña nace delincuente ni es desechable por sus errores, es trabajar por oponerle al gobierno una agenda de derechos para la juventud que permita rescatarla y liberarla de las garras del narcotráfico en nuestras poblaciones, que permita la reinserción social para quienes delinquen, y un camino de desarrollo íntegro en escuelas y liceos públicos fortalecidos por un Estado que se responsabilice del destino de las hijas e hijos más excluidos de nuestra patria.
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