El sabor amargo del Plan del gobierno para La Araucanía

A pesar de ser un avance ante el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche, no es la solución. Lamentablemente, la presidenta Michelle Bachelet no habla del reconocimiento del Estado chileno como plurinacionalidad, en circunstancias que sí lo es en los hechos, pero no en el derecho.

Los anuncios de la Mandataria no son suficientes, aunque se reconozca que de parte del Estado se comete violación. Se proponen medidas que son verticales y responden sólo una política de maquillaje: querer decir que se está haciendo algo, pero no se apunta a los temas centrales y de fondo.

La falta en el discurso del concepto de plurinacionalidad, es porque el Estado de Chile no quiere “asumir que dentro de un Estado hay distintas naciones y en Chile existen estas primeras naciones (Aymara, Mapuche, Rapa Nui, por mencionar algunas). Y se llaman primeras naciones, porque estaban aquí antes que se conformara el Estado de Chile, y tienen su propio idioma, su propia cultura, su propia historia, comparten un pasado y un futuro en común. Si hay un reconocimiento constitucional, lo que pedimos es que no sea sólo en el papel.

Otro de los puntos que quedaron al margen en el Plan para La Araucanía es un tema que la propia iglesia católica manifestó a la Comisión Asesora Presidencial referido a la  autonomía de los pueblos originarios, en particular, del pueblo mapuche.

La Comisión Presidencial rechazó de plano esta propuesta, al punto que algunos dirigentes mapuche renunciaron a esa mesa de trabajo. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que un pueblo originario que estaba en Chile antes de que el Estado se constituyera, hoy debe decidir su futuro, debe decidir qué quiere ser en 100 años más como pueblo. Ésa es una decisión que tiene que tomar el pueblo mapuche, no la pueden tomar personas que no lo son.

Se han establecido derechos para las primeras naciones que habitaron ese territorio. Las condiciones culturales en Chile definen un territorio plurinacional en los hechos, pero se requiere que se haga extensivo en el derecho.

Sobre la entrega de tierras, tiene que haber claridad de que los pueblos originarios recuperen su autonomía, sin que, de por medio, haya entrega o devolución de territorios.

El territorio entregado a los pueblos originarios es necesario para que se lleve a cabo soberanía en esas tierras, de lo contrario, un pueblo indígena pasa a ser una junta de vecinos. De manera que el territorio es fundamental para que se pueda desarrollar la autonomía y esto fue propuesto al Estado en la propia Comisión de Descentralización en la que se habló de la macro-región, es decir, que se generan ciertos territorios y en esos, por ejemplo, los Lafquenche puedan tener un Parlamento Lafquenche, puedan decidir lo que quieran hacer con la ruta costera.

Esta propuesta también fue rechazada de plano por el gobierno. La solución al pueblo mapuche pasa por la propuesta anterior, porque la pobreza mapuche no se soluciona inyectando más recursos, no se soluciona judicializando el tema, militarizando la zona, se soluciona reconociendo derechos ancestrales como lo han hecho muchos países.

No se puede inyectar recursos para el autoconsumo, porque no se soluciona la situación de pobreza si no hay reconocimiento de los derechos políticos que se refieren a que se le entreguen competencias, por ejemplo, si se reconoce el Estado plurinacional en la Constitución y, de ahí, se genere un estatuto que permita regular la autonomía del pueblo mapuche y que tenga, entonces, sus propias autoridades políticas para tomar decisiones respecto de su futuro.

Se requiere autonomía política, derechos económicos, derechos territoriales, derecho a la educación, derecho a la cultura y que lo decida el propio pueblo originario.

Sobre la compensación a quienes han sido víctimas de la violencia rural, eso es bastante extraño, porque la región más violenta de Chile es la Metropolitana, Santiago en particular, Iquique, Valparaíso y Puerto Montt, no La Araucanía. De manera, que cuando se habla de compensación a las víctimas de la violencia, eso debiera ser para la región Metropolitana.

Cuando se habla de la violencia rural en La Araucanía hay que explicar, claramente a quiénes, porque pareciera que los bonos y los seguros son para las familias de empresarios agrícolas, empresarios forestales, no precisamente para el mundo mapuche. No se explica hacia dónde se destinarán concretamente estos recursos, no se sabe hacia quiénes apuntan y tampoco cómo se accede a ellos. Pasa a ser una declaración de buenas intenciones poco clara.

También faltó en las palabras de la Presidenta, el reconocer que la IX Región es la más pobre del país, pero precisamente, porque las 10 comunas más pobres son, a la vez, las que tienen más del 20% de su superficie forestada con pinos o eucaliptus.

Es tiempo de dejar de mirar y privilegiar al sector empresarial, hay que acentuar la mirada en las comunidades originarias, darles el espacio que se merecen de una vez por todas y hacer justicia, no en la medida de lo posible, sino hacer justicia de verdad. 

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado