El sentido de Justicia de la ley

Jorge Pizarro

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No es artificial nuestra preocupación ante la eventual resolución del Tribunal Constitucional de quitarle las facultades que entregamos por ley al Servicio Nacional del Consumidor. Ello porque los cambios estudiados durante más de tres años en el parlamento buscan perfeccionar la institucionalidad, para que eficazmente se pueda fiscalizar al comercio y  sancionar a quienes no cumplen con la prestación  de  servicios  o,  cuyos productos son defectuosos: un derecho que va más allá de la controvertida intervención del Tribunal Constitucional.

No se buscó perjudicar al retail con la nueva Ley del Sernac, su fortalecimiento  beneficia a todos los actores de la economía, para  realmente tener una capacidad de defensa de los derechos de los consumidores y evitar los abusos que se han presentado últimamente con casos de colusión y vivimos a diario a través de reclamos sin respuesta.

Por eso, los trascendidos en la prensa en  torno a la eventual eliminación de facultades al Sernac  por parte del Tribunal Constitucional, es una alarma.

Otro punto es  entender que el Tribunal Constitucional  no es legislador, no puede doblegar las decisiones que se adoptan en organismos que sí lo son y tampoco puede pretender dictar normas que son materia de ley y de debate del Congreso Nacional. Éste, en uso de sus facultades, puso fin a las asimetrías de derechos que caracterizan las operaciones entre comercio y consumidor.

Mientras, el TC estaría definiendo que son los Tribunales los que deberían zanjar estas disputas. Pues eso fue debatido en el organismo que en Chile hace las leyes, el Congreso, y el resultado consideró, apegado a la práctica, que  ese tipo de reclamaciones no son ni sencillos, ni baratos y menos expeditos. Fue el legislador el que entendió que la fiscalización debe estar acompañada de sanciones, porque de lo contrario se trataba de letra muerta.

De ser cierto lo que informan los medios, estamos ante una grave situación, ya que se cristalizaría el anhelo de cierto empresariado por mantener una situación de desbalance y debilitamiento de la defensa de los derechos de las personas.

Ante este posible escenario es necesario insistir en defender una normativa   que equilibre la cancha y  las facultades del Congreso para que el punto en común sea obtener una ley que no lesione los derechos de las personas.