¿En qué recodo del camino nos extraviamos los chilenos?

A poco de cumplirse cuatro meses de lo que se ha dado en llamar “el estallido social en Chile” y a pesar de la incertidumbre que nos embarga a todos sobre el futuro, es pertinente detenerse y echar una mirada hacia atrás, hacia un par de décadas, para intentar responder someramente a la pregunta que encabeza este artículo.

Eso sí, cuando hablamos de un recodo del camino, no se trata de fijar un momento específico y puntual en que se habría producido este “extravío”, lo que ciertamente es metodológicamente inadecuado para los procesos sociales. Más bien lo que se intenta a continuación, es resaltar aquellos componentes, opciones y/o decisiones que en cierto tramo de nuestra historia reciente, fueron instalando en el país un conflicto latente, cuyo efecto combustión termina por dar origen al interesante, heterogéneo y potente movimiento social que ha remecido a los chilenos.

En aras de no extenderse en exceso, quisiera resumir dichos componentes, opciones y decisiones, que muchos ignoraron y/o quisieron ignorar.

El asumir, por desconocimiento o por cinismo político, que las ideologías estaban superadas.

Cuando el año 1992 el politólogo Francis Fukuyama anunciaba que estábamos en presencia del fin de las ideologías, que era el término de las controversias ideológicas y pronosticaba un futuro bajo el alero del capitalismo con sus brazos armados del crecimiento económico y el libre mercado, muchos pensaron que los proyectos de sociedad debían guiarse por un criterio esencialmente técnico y práctico y bajo la égida del modelo ya señalado anteriormente.

Lo ideológico era algo “superado” y sinónimo de hasta retrógrado.   

Sin duda que nuestro país lleva a cabo con Patricio Aylwin y la Concertación, un exitoso reencuentro con la democracia en años particularmente difíciles, inmediatamente después de la dictadura.

Sin embargo, con el paso de los años y a medida que nos acercábamos al fin de siglo, los chilenos nos encandilamos con ciertos indicadores y números azules, sin darnos cuentas que sectores poderosos del país leían y celebraban estos datos a partir de una lógica y marco de significación que claramente respondía a lo que la historia ha demostrado una y otra vez: subyacente a toda política socio-económica, aunque se quiera negar por moda o por prejuicio, hay un relato y fundamentación ideológica.

Concretamente, se estaba en presencia de un proyecto de sociedad y económico que implicaba una dirección y objetivo inequívoco, acompañado rigurosamente de determinados medios para alcanzarlos.

Esto, en plena sintonía con un Estado y sindicatos débiles, una distorsionada y errada aplicación del principio de subsidiaridad, una ciudadanía enajenada (engañada) con el modelo y una sociedad en que subyacente a la disminución de la pobreza, se filtraba una enorme desigualdad y una extrema concentración de la riqueza.

Los ideólogos de la derecha construyen su armazón bajo la tríada individualismo y libertad económica; el desprecio y mutilación del Estado y la descalificación y desprecio por la política.

La sociedad chilena se convertía así en el hábitat por excelencia para que el capitalismo en su versión ideológica neoliberal y acelerado por una modernidad globalizada, campeara en despoblado y quisiera perpetuarse.

Es la propia ministra de educación Marcela Cubillos, representante indiscutida del gobierno y de la derecha chilena, quien en estos días ratifica lo que hemos estado argumentando en este punto cuando declara, “el gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores fundamentales están expresados en la Constitución actual”.

La hegemonía cultural neoliberal.

El modelo socio-económico predominante en el país, tuvo uno de sus máximos logros en el proceso de socialización exitoso sobre la población, de todos los estratos, que implementaron las elites de poder, según el cual, la ciudadanía fue convenciéndose que dicho modelo era el único capaz de alcanzar el desarrollo.

Paralelamente, la mayoría de la gente adquiría, incluso en muchos casos sin plena consciencia de ello, nuevas orientaciones y pautas en sus acciones y conductas cotidianas.

El individualismo, el consumismo,  la competencia, las aspiraciones sin límites (“si quieres puedes” decía el slogan de un Banco), el éxito como sinónimo de poder económico, el dinero fácil, la exacerbación del crecimiento como viga maestra del desarrollo y la omnisciencia del mercado, formaron parte de esta imposición hegemónica.

Para ello, contaron con el inapreciable apoyo de los medios de comunicación, de centros de estudios que lo avalaban y difundían y de economistas voceros que copaban las diferentes tribunas y que recibieron la “acogida” de varios colegas y políticos de la Concertación.

De cómo la economía succionó la política.

El país y la democracia pagaron un precio muy alto por las en principio necesarias, pero posteriormente innecesarias transacciones y concesiones, tanto frente a a la arquitectura político-institucional heredada de la dictadura (en que la Constitución sin duda es el caso más emblemático), como frente al modelo económico.

A poco andar, lo económico y la crisis de participación y de representación ciudadana, coaptan el funcionamiento de nuestro actual sistema democrático, invirtiéndose la ecuación imprescindible en toda democracia, esto es, la fagocitación de la política por parte de la economía, convirtiéndose ésta en el criterio e instancia por excelencia para las decisiones fundamentales.

En los hechos, pareciera que la lucha por la democracia hubiese succionado nuestras fuerzas y terminamos reproduciendo y otorgándole una legitimidad a un muy insuficiente sistema político y socio-económico.

“Pasar por alto” la existencia de clases y el potencial conflicto entre ellas. 

Se instaló la idea de que en medio de la globalización y la dinámica social de la modernidad, el concepto de clase social era algo superado e inapropiado para cualquier análisis. Se buscó “ningunear” este término y desconocer la realidad inherente a toda sociedad, cual es, la existencia del conflicto social. Ambos, clases y conflictos sociales, pasaron a ser excluidos del lenguaje cotidiano.

Es cierto que los cambios en las estructura socio-económicas de América Latina y Chile a propósito de la sociedad pos industrial, van acompañados de alteraciones cuantitativas y cualitativas de la estratificación social.

La expansión de la educación, la revolución informática, el proceso de liberalización en los valores, el crecimiento del sector servicios y las variables étnico-culturales, género y lo generacional, son algunos de los elementos que claramente influyeron en ello.

Sin desmedro de lo anterior, nuestra sociedad fue mostrando la configuración de diferentes estratos, cada uno de los cuales constaba de condiciones económico-materiales de vida similares, intereses relativamente homogéneos y estilos de vida semejantes.

Más allá del complejo sistema de estratificación y división de clases que resulta en nuestra sociedad de la combinación de estas y otras variables en las últimas décadas, cuestión que trasciende con mucho estas líneas y acerca de lo cual hay excelentes estudios, a la altura de la segunda década de este nuevo siglo, se observa una tendencia en la estratificación social del país en que se imposibilita severamente la posible movilidad social ascendente de los estratos sociales más precarios y de las clases medias, al mismo tiempo que el ámbito de la estratificación social, esto es, las diferencias entre los extremos de las clases sociales, es cada vez mayor.

Todo ello va creando diversas alteraciones muy significativas, que inciden en las historias de vida de las personas, en sus oportunidades y en sus expectativas de futuro.

De una u otra manera, se va acumulando objetiva y subjetivamente una sensación de precariedad e impotencia, a la vez que se va plasmando una asimetría y una polarización, que coincidiendo más o menos con la situación socio-económica, en lo fundamental va expresar un conflicto social por la desigual distribución del poder.

Concretamente y para decirlo en términos de Dahrendorf, dicho conflicto se va plasmando entre una clase claramente dominante que ejerce la autoridad y concentra el poder en diferentes ámbitos (económico, cultural y político) y otra dominada u “obediente” que no tiene ni autoridad ni poder. La segregación social fue el instrumento esencial para esta dominación.

Mientras los primeros (las elites de poder) querían mantener el orden existente, los segundos deseaban definitivamente cambiarlo.

Tal vez uno de los más ilustrativo y actual ejemplo de esta situación, lo constituya lo que ha ocurrido con las AFP, donde se da una clara expresión de un conflicto entre trabajo y capital (en el ámbito del poder económico).

La controversia de intereses ha consistido, ni más ni menos, en cómo y para qué se utiliza una parte del salario y/o sueldo que reciben amplios sectores de trabajadores, la que está en íntima relación con sus condiciones de vida al momento de jubilar.

Lo que ha sucedido es que, por más de 30 años, empresas nacionales con vínculos internacionales, han administrado y utilizado este dinero de los trabajadores, a partir y con el fin de satisfacer sus intereses de lucro y acumulación de capital, dejando en evidencia una conducta indolente y absolutamente deshumanizada, que ha terminado por condenar a un otoño de vida miserable a miles de trabajadores.

La conducta y actitud del gran empresariado chileno, no ha sido asegurar un ingreso constante y suficiente acorde a las circunstancias y lugares para todos los que intervienen en la actividad empresarial, sino la maximización del excedente apropiable por los propietarios del capital. 

Lo más paradójico y hasta irónico, es constatar que a pesar de su permanente negación del análisis de clases y sus conflictos, el empresariado chileno es el que más se aproxima a la concepción marxista, al ocupar un rol distintivo en las relaciones productivas, al construir una identidad común, al tener conciencia de sus intereses y al contar con  una organización desde donde operan y deciden sus acciones.

Un miedo atávico a posibilitar la participación ciudadana y garantizar sus derechos fundamentales.

La frustración y sensación de exclusión de los chilenos se vio severamente acentuada por una constante oposición de parte del espectro político frente a diferentes intentos por posibilitar institucionalmente la participación de la gente en determinadas instancias, de manera de sentirse verdaderos protagonistas en la construcción del proyecto de país.

Durante largos años, diversos sectores del país han   bregado por crear espacios y procedimientos que permitan encauzar y acoger las demandas y aportes de la sociedad civil y de los grupos de más baja productividad.

Estas aspiraciones tienen su caso paradigmático en la manifestación y deseo popular, con mayor o menor conocimiento, de la necesidad de cambiar de verdad y en lo fundamental la Constitución.

Frente a una oposición sistemática de la mayoría de los parlamentarios y partidos políticos, la excepción se da en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuyo programa contempla un cambio constitucional.

Sin embargo, en los hechos, dentro de la propia coalición de gobierno, la llamada Nueva Mayoría, esto se transforma en “una piedra en el zapato” y la idea es demonizada desde los inicios del gobierno por sectores de prácticamente todos los partidos oficialistas.

Ello hace que sólo en abril del 2016 se inicie lo que se llamó el proceso constituyente con los encuentros ciudadanos, en los que participaron 200.000 personas, más 17.000 asistentes a los encuentros de los pueblos indígenas.

Esto culmina en abril del 2017 con el documento “Bases ciudadanas para una Nueva Constitución”. Como resultado en gran parte de las dificultades y trampas que el parlamento y los partidos políticos ponen a esta idea, y en un afán de cumplir su palabra y no dejar de considerar el trabajo y aporte que hicieron esos miles de ciudadanos, la Presidenta decide entregar el proyecto de nueva Constitución al Parlamento a 5 días de dejar su mandato, lo que fue bastante criticado.

Como recordarán hoy día con especial “rubor” y autocrítica los distintos parlamentarios, el Congreso ya había notificado a través de sus representantes que ellos serían la instancia fundamental constituyente, para lo que establecerían una Convención Constitucional convocada por ellos mismos  con un quorum  de 2/3 de senadores y diputados, la que redactaría el documento de propuesta de reforma constitucional (ni siquiera se hablaba de nueva Constitución por parte de la mayoría de ellos), frente al cual y vía plebiscito, la ciudadanía podía simplemente decir “sí o no”.

Todo esto, en medio de plena crisis de legitimidad del parlamento, a propósito de los actos de corrupción que involucraban a algunos de sus miembros. 

La incompatibilidad entre el neoliberalismo y la conservación y cuidado del eco-sistema. 

Como consecuencia del principio rector y viga maestra del neoliberalismo, cual es el crecimiento económico sin límites, se ha desplegado por el mundo, y por cierto también en Chile, un fatídico proceso productivo con un irreparable costo para la vida del planeta.

Se trata del flujo energético y la difícilmente descifrable cantidad de recursos naturales que se requieren para mantener el ritmo económico definido; la producción a gran escala conlleva acciones y procesos claramente agresivos de explotación y extracción.

El postular e impulsar el crecimiento y la mayor productividad, en una carrera que no tiene fin, como lo plantea el neoliberalismo, constituye una conducta claramente irreflexiva, que ignora o simplemente transgrede antecedentes científicos serios.

En los hechos, se trata de un círculo vicioso en que las propias políticas de crecimiento y su racionalidad, son las que han ido mermando la fuerza de trabajo y los recursos naturales.

Nuestro país, fundado en un dogmatismo economicista, ha postulado el querer desarrollarse poniendo como ariete el crecimiento económico y acorde y al unísono con los países más desarrollados del mundo (que tienen otra historia y cultura), lo que ha derivado en un extractivismo absolutamente desregulado que se ha desplegado por diferente lugares del territorio.

Es así como se aprecia la presencia de conflictos cada vez más persistentes entre la ciudadanía y los proyectos de preferente rentabilidad económica que implican un ejercicio abusivo del poder con indesmentible daño ambiental.

Concretamente, en las últimas décadas se constata una preocupante situación que estriba en el hecho de que la extracción y funcionamiento que hacen muchas grandes empresas, se lleva a cabo con un flagrante descuido por las implicancias ambientales de su funcionamiento, las que pasan a ser costos de los propios lugareños, los que en la mayoría de los casos viven en condiciones muy básicas.

Esto, sin considerar la apropiación privada de bienes naturales que son patrimonio del bien común y de la calidad de vida de todos los chilenos, como son el agua, la pesca y el litio, entre otros.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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