Equilibrar la balanza, defensa para las víctimas
La Araucanía carga desde hace décadas con una herida abierta: la violencia, el miedo y el terrorismo que han fracturado comunidades, arrebatado vidas y sembrado desconfianza. Las familias que han perdido a un ser querido, los trabajadores que han visto quemadas sus herramientas de vida, los niños que crecen escuchando el sonido de la violencia como algo cotidiano, todos ellos son víctimas no solo del delito, sino también del abandono del Estado.
En esta región, se siente la desigualdad ante la justicia. Mientras los violentistas de la Coordinadora Arauco Malleco, de la Weichan Auka Mapu o de la Resistencia Mapuche Malleo cuentan con defensas estatales garantizadas, las víctimas muchas veces enfrentan el proceso solas, sin orientación, sin apoyo psicológico ni representación jurídica. Se les pide valentía, pero no se les ofrece acompañamiento. Es un desequilibrio que hiere la confianza en las instituciones y erosiona la idea misma de justicia.
El proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos viene a saldar esa deuda. Por primera vez, el Estado asume el deber de estar del lado de quienes sufren. Este nuevo organismo público garantizará representación jurídica gratuita, apoyo psicológico y social, y una red de acompañamiento real para quienes han sido golpeados por la violencia, incluyendo a las víctimas del terrorismo.
En La Araucanía, donde la violencia se ha convertido en una sombra persistente, este servicio significará una esperanza concreta. No se trata solo de abogados y oficinas: se trata de dignidad, de devolver a las víctimas la sensación de que el Estado las ve, las escucha y las protege. Porque ninguna familia debiera sentir que la justicia depende del dinero que tiene o del lugar donde vive.
Esta iniciativa también busca reconstruir la confianza en las instituciones, tantas veces quebrada por la distancia y la indiferencia. Cuando el Estado se hace presente -no con discursos, sino con apoyo real-, la comunidad comienza a sanar. Porque la justicia no solo se mide en sentencias, sino en el acompañamiento humano que reciben quienes han sido vulnerados. En cada víctima que vuelve a creer que su dolor importa, hay un país que recupera parte de su dignidad.
El terrorismo y la violencia rural no pueden seguir siendo terreno fértil para la impunidad. Con esta ley, las víctimas dejarán de ser espectadoras de su propio dolor y se transformarán en protagonistas de la búsqueda de justicia. Será un cambio de paradigma que nos obliga a mirar el problema desde la justicia y no solo desde la seguridad.
La Araucanía no necesita compasión, necesita justicia. Este proyecto es una oportunidad de devolverle a la Macrozona Sur algo más profundo que una política pública: la esperanza de que el Estado, por fin, cumple su promesa de proteger a su gente. Porque la paz se construye desde la justicia.
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