Estrategia de Seguridad y Defensa:la excusa agrava la falta

En vista de la polémica generada en torno a la Estrategia de Seguridad y Defensa (ENSYD), el Presidente de la República habría decidido modificar el texto original de su “política de políticas” y remitir finalmente una versión intervenida, para consideración del Senado.

El documento inicial, que fue presentado en sus líneas gruesas por el propio Presidente y su ministro de Defensa a altas autoridades del país, en una formal ceremonia realizada en la sede de gobierno el pasado 28 de junio, repentinamente ha sido motejado como un simple “borrador”.

Este súbito paso de política oficial a algo menos que un documento de trabajo, contrasta con la difusión que las autoridades de Defensa realizaron del documento al entregarlo a los ministros de Defensa del continente y anunciar su pronto despacho al Senado.

En poco más de un mes sin que La Moneda concretara el envío de la ENSYD al Congreso, se anuncia, esta vez por la prensa y en forma bastante más deslucida, la “presentación en sociedad” de su versión corregida, la ENSYD 2.0, que contendría cambios al parecer sustantivos y cuyo carácter, esta vez, podría ser más definitivo.

La nueva ENSYD, que habría sido fruto de la intervención directa del propio Presidente, sanciona la insuficiencia de la propuesta del ministerio de Defensa. La desprolijidad de dicha Secretaría de Estado a la hora de elaborar un texto que supuestamente interpreta los más altos intereses nacionales y sus eventuales amenazas, también ha sido manifiesta a partir de las profusas críticas que suscitó el documento en el ámbito político y en la comunidad de defensa.

Más allá de que las autoridades de Defensa hayan expuesto al Presidente a un bochorno evitable, resulta preocupante que, en forma tan liviana, se impulsara una iniciativa que destruía, en aspectos centrales, los lineamientos tan arduamente consensuados en los Libros de la Defensa, es decir, afectando una política de Estado.

Es así como puntos fundamentales, como el concepto de “disuasión” aparecía relegado a un simple “piso estratégico” del país; la “seguridad ampliada” terminaba justificando cierta laxitud para la intervención militar en asuntos de seguridad interior y la preeminencia del gasto de Defensa para atender a los nuevos desafíos de seguridad se imponía por sobre otras instancias, como las policiales, aduaneras y otras con competencias mucho más directas.

La ENSYD original ni siquiera será tratada en el Congreso, pero nada garantiza que sus líneas principales no puedan seguir vigentes.

El hecho que el ministerio de Defensa encomendara a Libertad y Desarrollo un estudio para revisar la normativa para la eventual intervención militar en seguridad interior es un indicador que merece atención, así como la propuesta de esa entidad de considerar la creación de unidades militares especializadas en funciones policiales.

Pese a la precipitación del ministerio de Defensa al exponer un documento con ambiciones fundacionales, modesto en lo conceptual, con nulo debate y con modificaciones sustantivas a las competencias militares, pareciera, por ahora, no tener mayores consecuencias.

Más aún, el desaguisado, cuyos orígenes apuntan a la subsecretaría de Defensa, busca zanjarse con una explicación insólita y pueril: se trataba de un simple borrador, algo así como un estado larvario.

Si en el mundo militar circula el dicho: “la excusa agrava la falta”, habría que indicar que, frente a una explicación tan básica, sobran comentarios.