Guerra de Don Tatán

El Presidente ha perdido los estribos. La Tercera revolución de la chaucha, lo ha sacado de quicio. Ha declarado la guerra a su pueblo. Siguiendo viejo manual represivo retiró la fuerza pública de lugares saqueados para criminalizar la justa protesta de millones de ciudadanos indignados por 30 años de abuso.

Su estrategia está condenada al fracaso. El pueblo no se va a arredrar. Así no hay nada que hablar. Si persiste en esa insensatez, el parlamento y el poder judicial tendrán que hacer uso de sus facultades constitucionales para forzar al ejecutivo a restablecer la institucionalidad y los derechos de las personas. Ello resulta indispensable para el funcionamiento del país y los negocios. Confiamos que se trate de un brote pasajero y recapacite pronto.

Lo que requiere el país es un gran acuerdo nacional para encauzar de modo constructivo la inmensa energía liberada por el mayor estallido social que haya vivido el país. Dicho acuerdo debe ir al fondo del asunto y resolver lo que lo provoca: la justa indignación del pueblo por los abusos y distorsiones heredados de la dictadura y agravados en democracia. Hay que poner fin a los primeros y corregir las segundas. Ni más ni menos.

Lo primero es tratar al indignado pueblo con respeto. No son “su clase media” como entiende el Presidente, sino de catorce millones de dignos y altivos trabajadores y trabajadoras, tres millones jubilados y los once millones de activos que mueven el país y producen toda su riqueza, incluida la del propio Presidente.

Puede resultar de utilidad para poner las cosas en su justa dimensión, enumerar las principales medidas que resultan indispensables para abordar los problemas.

Por ejemplo, anunciar la estatización del Transantiago y la construcción de una gran red de corredores exclusivos que en breve cubra toda la capital. Sin escatimar recursos ni perjuicio a los actuales planes de extensión del Metro.

Retirar la reforma tributaria en trámite, anunciando que será reemplazada a la brevedad por otra que incluya fuertes incrementos de impuestos al 0,1% de familias más acomodadas y royalty a las exportaciones mineras y otros recursos naturales, que recupere la renta de los mismos para el pueblo.

Descartar la reforma previsional en trámite, anunciando que será reemplazada a la brevedad por otra que ponga fin al ahorro forzoso AFP, recupere las cotizaciones previsionales para reconstruir un sistema público de seguro social que eleve desde ya las pensiones a un nivel digno y las reajuste a futuro al ritmo de los salarios, y comprometa la devolución íntegra del fondo de pensiones acumulado a sus legítimos propietarios, lo antes posible.

Anunciar el término del sistema ISAPRE y la reconstrucción de un sistema nacional de salud pública gratuita y de calidad, invitando a incorporarse al mismo a todos los actores del sistema actual que reciben fondos públicos.

Estudiar una nueva reforma educacional que reconstruya rápidamente el sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles, regiones y barrios, invitando a todos los actores que hoy reciben subsidios públicos a incorporarse al sistema

La condonación inmediata de las deudas estudiantiles, la refinanciación de las deudas de consumo popular a una tasa de interés similar a la de grandes empresas, y la prohibición de cobrar intereses usuarios en el futuro.

Elaborar un proyecto de renacionalización del agua, que en lo sucesivo estará garantizada para el consumo humano, priorizada para la pequeña y mediana agricultura, y reponer acuíferos agotados. Una medida complementaria consiste en la reestatización de las empresas distribuidoras.

Legislar para que todos los contratos de explotación del litio serán reservados a empresas del Estado o controladas por éste, invitando a actuales empresas a asociarse, como propuso Comisión Litio. Al mismo tiempo, que SQM sea renacionalizada.

La derogación de ley concesiones mineras, recuperando el Estado propiedad de yacimientos, reservando explotación de gran minería del cobre a CODELCO e invitando a empresas que hoy los explotan a asociarse con participación minoritaria.

Anunciar que todos los minerales exportados deberán ser refinados en el país, con energía solar y agua desalinizada. Asimismo, que insumos y equipos de la minería deberán tener significativa y creciente integración nacional.

Asegurar que todas las instituciones del Estado estarán en lo sucesivo sometidas de modo efectivo a las autoridades elegidas por el pueblo. Particularmente las instituciones armadas, Tribunal Constitucional y Banco Central.

Estas propuestas ponen fin a los abusos y corrigen las distorsiones heredadas de la dictadura que se han agravado en democracia. Resumen en lo fundamental la demanda del pueblo y su sólo anuncio por parte del sistema político restablecerá la paz social.

Sin duda que junto a una nueva Constitución y la convocatoria a una Asamblea Constituyente darán por resultado en un país verdaderamente moderno, democrático y mucho mejor.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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