La estrategia del repliegue

Julio Torres

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Dos noticias informadas por la prensa en estos días, sin conexión aparente, revelan una preocupante tendencia que está dominando las políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país. En la primera se informa la molestia expresada por el gremio del turismo ante el cierre preventivo de los parques nacionales por parte de Conaf, a raíz de las olas de calor que enfrenta la zona centro sur. Esta es la segunda vez que se aplica la medida durante la actual temporada y el gremio turístico llamó a las autoridades a "no sacrificar el turismo y buscar otras alternativas para prevenir los incendios forestales".

En la segunda, el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, anuncia el cierre de un acceso a la estación Cal y Canto del Metro, ante el descontrolado avance del comercio ambulante y los focos de delincuencia que se generan en su entorno directo.

No son las únicas, por cierto, que apuntan en la misma dirección. Acaso la más paradigmática fue la orden de cierre que emitió hace unos meses la Dirección del Trabajo a una farmacia en la comuna de La Cisterna por no garantizar la seguridad de sus trabajadores ante los reiterados "turbazos" sufridos por el local. La medida fue rápidamente revertida, probablemente porque su manifiesto sinsentido -y la indignación que causó- hizo "reflexionar" a la autoridad.

Pero hay más. No hace mucho, en el mes de mayo de 2024, se promulgó el decreto que aprobó la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo para el período 2024-2028. Respecto a la actividad forestal la política señala que será responsabilidad de los empleadores adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa que afecte a los lugares de trabajo. Por "violencia externa" no se refieren, por supuesto, a accidentes laborales, sino a la violencia incendiaria y delincuencial que la actividad forestal viene sufriendo por más de 20 años, con pérdidas de vidas humanas incluidas. Tampoco por "medidas efectivas" se refieren a la autotutela. Medidas efectivas es un eufemismo para decirles a las empresas que se replieguen, que abandonen el territorio como medida de seguridad. Renuncien a sus fuentes de trabajo e ingresos. Abandonen. Eso entienden por medidas preventivas.

El proyecto de ley de prevención de incendios forestales, al que ya me he referido en anteriores columnas, sigue la misma lógica: Imponer a partir de una ley un repliegue del propietario, de sus bosques y de sus negocios. Es más fácil perseguir y sancionar al dueño del árbol que se quema, que perseguir a quien inició el fuego que quema el árbol, las casas y genera víctimas. Es una lógica de economía procedimental a la que no le faltarán defensores, pero a mi juicio es profundamente injusta. Como injusto es ver personas, familias, negocios y barrios enteros enrejados, o accesos a estaciones de Metro abandonadas como "medida preventiva". Replegándonos. Y multando al que no se repliega, no olvidemos eso. En la ley de incendios se multa al que no se repliega, por irresponsable. Es la aplicación del principio de corresponsabilidad acuñado por el ministro de Agricultura para defender su iniciativa. La corresponsabilidad parece consistir en que la autoridad impone una regulación gravosa e injusta y el ciudadano la acata sin chistar.

Los últimos actores que debe asumir esta corresponsabilidad es el gremio del turismo. Forman parte del grupo de incumbentes que, debido a la acción irresponsable o delincuencial de terceros, deben ver afectada su actividad económica. Se sumarán a los propietarios forestales, a las farmacias, a quienes usan el Metro y a tantos otros que ven en el repliegue la única medida de seguridad que les ofrece la autoridad.

Al menos al general Kutúzov la estrategia del repliegue y tierra quemada le resultó para ganar la guerra y expulsar de Rusia al ejército de Napoleón en el siglo 19. Pero es altamente probable que la estrategia del repliegue en nuestro caso solo acelere y consolide un Estado fallido que ya no es capaz de garantizar los derechos de sus ciudadanos y que grava con medidas injustas a las víctimas y las "corresponsabiliza" de su propia seguridad.