La intervención fáctica

Desde diferentes ámbitos se toman decisiones para interferir, mediatizar o imponer a los partidos políticos conductas o comportamientos que estas no desean, o a las que no se inclinan por su propia posición, pero a las que se les somete por la audacia de poderes fácticos, es decir, fuerzas de carácter extra institucional que tienen la capacidad de imponer su voluntad, aunque la ejerzan desde fuera de esa organización, a las mayorías internas que se agrupan y orientan tras la convocatoria de un Partido político.

Esos poderes fácticos pueden ser individuales o colectivos, agrupar entidades organizadas o simplemente obedecer al liderazgo de una figura o caudillo de popularidad ocasional o permanente. En suma, lo fáctico expresa intereses corporativos, parciales o subalternos y no representa los intereses nacionales que corresponde garantizar al sistema político.

Hace ya algunos años, el senador Allamand, denunció esta injerencia referida entonces en lo esencial, a la intervención de un grupo empresarial, heredero del pinochetismo, en la política nacional. Finalmente, esa interferencia se comprobó hace poco con los escándalos de financiamiento irregular que ejercían SQM, Penta, Corpesca, y otras entidades que han sido enjuiciadas, luego de la labor realizada por el Ministerio Público.

Ahora bien este fenómeno no termina en lo ya conocido o denunciado. Se manifiesta a lo largo y ancho del conjunto del sistema político. Por ejemplo, en estos días el senador Ossandón ha renunciado al Partido Renovación Nacional, del que formó parte por casi 30 años, ante el evidente control que sobre sus decisiones ejerce el ex Presidente Piñera, que aunque está fuera del mismo, no cabe duda que es el factótum que resuelve lo que se hace y no se hace, entre otras cuestiones decisivas, la determinación de la candidatura presidencial de la derecha, el 2017.

Igualmente, el diputado Kast dejo la UDI, ya que ese Partido también hará finalmente lo que Piñera diga, por que mantiene con él una firme alianza ante la definición crucial del próximo periodo: la candidatura presidencial. O sea, las instancias formales de ambas fuerzas políticas pasan a ser en el hecho entes decorativos, frente a un tema que es de la esencia de una formación política, su programa y liderazgo presidencial.

La paradoja es que ambos intentan ahora llegar a lo mismo: llegar a ser poderes facticos de la derecha, ahora desde una muy socorrida posición de independencia política.

Pero, el bloque agrupado en la Nueva Mayoría no es ajeno a este proceso en que sus direcciones partidarias, institucionalmente elegidas, son sobrepasadas y se vuelven subordinadas a voces o grupos que se les superponen y se toman sus funciones y espacios políticos.

Ocurrió con el llamado grupo G90 que comandó la lucha presidencial pasada, con lamentables secuelas para la marcha del proceso político posterior. Baste recordar el cáncer que ha sido el financiamiento irregular de las campañas, y como haber mezclado la legitimidad y fortaleza del bloque gubernativo con Ponce Lerou, provocó verdaderos estragos en la fuerza social que respalda la Nueva Mayoría.

Similar situación de poderes fácticos, se arrogaron Ominami y MEO que con la excusa de su rechazo a la Concertación, de la cual profitaron durante décadas, recibieron el dinero sucio de Ponce Lerou y otros apoyos indebidos (como el avión), dividiendo y ayudando al triunfo de Piñera el 2009. En este caso, el doble estándar alcanzó suma expresión.

Ahora bien, es triste pero los malos hábitos se transmiten a la nueva generación, que también asume conductas que imponen de facto a las fuerzas organizadas, impulsos políticos individuales o de grupo.

Es lo ocurrido con Revolución Democrática, que sin ser parte del gobierno, incluso repudiando esa condición, tuvo voceros incorporados al ministerio de Educación, que impusieron prioridades en la reforma educacional, colocando primero al sector particular subvencionado, postergando la urgencia de poner término a la municipalización de la Enseñanza pública, despreciando los estudios sobre el tema que indicaban que esa era la principal causa de segregación social en la educación del país.

Ahora no se asume la responsabilidad por el aumento del sector particular subvencionado en desmedro del municipal que ve agravadas sus dificultades al recibir menos estudiantes de los esperados.

También, hace menos de dos semanas, se impone a la Nueva Mayoría en la Cámara de Diputados en la reforma educacional, votar una indicación inadmisible, por su contenido inconstitucional. Un golpe político, sin respetar la institucionalidad de los Partidos, de gran publicidad, hecha con el objetivo de hacer un "gesto", consistente en doblarle la mano al propio gobierno, en el tema del financiamiento de la Educación.

En lo personal, comparto que el sistema de cálculo por asistencia y no por matrícula, conduce al desfinanciamiento de la Enseñanza Pública y su continuo debilitamiento. Por tanto, el bloque de gobierno debe tomar una decisión de fondo, como responsable de la conducción del país y no someterse a ese tipo de ejercicio impropio que francamente no corresponde. Además, es una de las reivindicaciones que está en la raíz de la movilización estudiantil por una nueva Educación, pero lejos de ser una solución generar una derrota política al propio gobierno no tiene explicación, se ve como un paso de un poder fáctico que simplemente impuso su voluntad al conjunto.

La actuación de estos círculos de poder, extra institucionales, de una gravitación que resulta imposible desconocer ha conducido, entre otros efectos, a un fuerte menoscabo de la labor del Parlamento, el que atraviesa por un agudo periodo de cuestionamiento, tal vez el mayor en su historia, el que cada día que pasa parece más difícil de superar.

Otra situación que desacredita la política es la conjunción de intereses burocráticos, que se coluden para obtener prebendas condenadas por la población. El caso de Gendarmería ha venido a rebalsar el vaso. Es la desnaturalización de la política y su perversión por afanes de grupo, mezquinos y subalternos.

En definitiva, los Partidos se ven sobrepasados y la gobernabilidad democrática afectada en su gestión, efectividad y legitimidad ante el país. Los grupos fácticos actúan desde irrefrenables afanes de lucro, ansias corporativas o por caudillismo populista, empujando decisiones que revientan la convocatoria y prestigio de los Partidos sus acuerdos y orientaciones.

Ese camino, más corroe su rol, les reduce a meras agencias de empleos o instrumentos de prebendas burocráticas. El lamentable episodio de las pensiones millonarias ha vuelto a golpear la legitimidad de las fuerzas políticas y ha provocado una crítica social sin precedentes. El sistema político debe ser capaz de corregir esta situación, de lo contrario estará renunciando a su tarea esencial, resignándose a un rol subordinado, incluso de un aporte escaso, ante los dilemas nacionales que debiesen ser su irrenunciable materia de preocupación y decisión.

Hay que reponer el sentido colectivo, la proyección de país, la estatura nacional, la dignidad ética y la legitimidad del sistema de partidos, ello de no  ocurrir abre la puerta a que cualquier experimento populista se pretenda imponer. Para que el Estado pueda cumplir con su tarea de responsabilidad social, hay que liberar el Estado de la intervención fáctica, para que resguarde el bien común como corresponde. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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